El mandatario José Antonio Kast, un abogado de derecha de 60 años, asumió el poder en marzo pasado con el compromiso de poner en marcha un gobierno de “emergencia” que combatiera con mano dura la delincuencia y la migración irregular, informó AFP.
Chile es uno de los países más seguros de Latinoamérica, aunque los asesinatos y secuestros aumentaron en los últimos años con la llegada de grupos criminales extranjeros, como el venezolano Tren de Aragua.
Su tasa de homicidios fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que hace una década.
“Son más de 30 proyectos, algunos ya en el Congreso (...) y otros que presentaremos en los próximos días, que van a cambiar la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile”, dijo Kast.
Agregar a la Constitución
El presidente anunció también que enviará una reforma para agregar en la Constitución “el deber” del Estado de resguardar la seguridad de las personas.
Eso “nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen. Pertenecer a una organización criminal va a ser, por sí solo, un delito con penas agravadas”, aseguró el mandatario.
Tras el anuncio, pronto le llegaron críticas desde la oposición.
“La reforma del presidente Kast debe incluir levantarle el secreto bancario a los narcos, algo a lo que se han opuesto férreamente. Es incomprensible”, señaló la diputada izquierdista Gael Yeomans, del Frente Amplio.
Expulsión de inmigración irregular
Será el segundo gran paquete de medidas de su gobierno, luego de que el Congreso de Chile aprobara en julio casi la totalidad de una megarreforma legislativa que le otorga beneficios tributarios a grandes empresas y con la que el gobierno busca cambiar el rumbo económico del país.
La última norma pendiente fue aprobada el martes por el Senado y ahora espera la revisión del Tribunal Constitucional antes de su promulgación.
Para combatir la delincuencia, Kast reiteró su intención de ampliar el periodo de retención de migrantes irregulares, cuyo plazo actual es de cinco días, y aumentar “la capacidad de expulsión efectiva” de indocumentados, sin entregar más detalles.
Endurecer las penas
También dijo que endurecería las penas contra quienes capten menores para integrar sus bandas criminales y que ampliaría el plazo de flagrancia de delitos de 12 a 24 horas para facilitar las detenciones.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que uno de los proyectos buscará crear “un listado concreto de las organizaciones criminales y terroristas” para “tener una vía más ágil para combatirlas”.
En medio de la inestabilidad de su gabinete, “esto termina siendo una especie de golpe de timón del presidente (...) para señalar que, en el fondo, la casa está ordenada y el compromiso del gobierno se mantiene”, dijo Rodrigo Espinoza, analista político de la Universidad Diego Portales.