Cinco años después de los primeros casos de COVID-19, una subcomisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó una revisión sobre el origen de la pandemia y la respuesta oficial. El documento, fechado el 4 de diciembre de 2024, reúne 557 páginas y busca convertir los errores de aquella emergencia en una hoja de ruta ante futuras crisis sanitarias.
La investigación fue conducida por la Subcomisión Selecta sobre la Pandemia de Coronavirus, presidida por el republicano Brad Wenstrup. El equipo envió más de 100 requerimientos, realizó 38 entrevistas, celebró 25 audiencias y reuniones y revisó más de un millón de páginas. No es un dictamen científico definitivo, sino una investigación legislativa atravesada por un fuerte debate político.
Su afirmación más resonante es que el SARS-CoV-2 “probablemente” surgió de un accidente de laboratorio o relacionado con investigaciones en Wuhan. El informe cita al FBI, que respaldó esa posibilidad con confianza moderada, y al Departamento de Energía, que lo hizo con baja confianza. Sin embargo, reconoce que otros organismos de inteligencia favorecieron la hipótesis zoonótica, también con baja confianza. El origen continúa sin una resolución concluyente.
La subcomisión sostiene que los Institutos Nacionales de Salud financiaron mediante EcoHealth Alliance experimentos de ganancia de función en el Instituto de Virología de Wuhan y que fallaron los controles. También cuestiona el artículo “The Proximal Origin of SARS-CoV-2”, publicado en 2020, al afirmar que Anthony Fauci impulsó discusiones destinadas a refutar una fuga. El reporte atribuye a autoridades chinas, agencias estadounidenses y científicos intentos de restringir información. Son conclusiones legislativas, no un consenso científico universal.
Otra crítica apunta al manejo de las ayudas económicas. El documento calcula que al menos USD 64.000 millones del Programa de Protección de Nóminas fueron desviados mediante fraude y que los pagos irregulares del seguro de desempleo superaron USD 191.000 millones. La falta de coordinación, los sistemas desactualizados y las verificaciones insuficientes facilitaron el acceso indebido al dinero público.
Varios capítulos cuestionan las restricciones. El reporte afirma que la distancia obligatoria de seis pies careció de respaldo científico cuantitativo, que los mandatos de mascarillas se apoyaron en estudios defectuosos y que los confinamientos causaron daños económicos, físicos y psicológicos. Son conclusiones controvertidas porque juzgan políticas aplicadas ante un virus desconocido y evidencia cambiante.
La revisión, sin embargo, reivindica la Operación Warp Speed. Sostiene que el desarrollo acelerado de vacunas fue un éxito y salvó millones de vidas al reducir la enfermedad grave y la muerte. A la vez, critica los mandatos de vacunación, exige transparencia sobre eventos adversos y considera insuficiente el sistema para compensar lesiones. Según su tesis, exagerar la capacidad de las vacunas para impedir infecciones erosionó la confianza pública.
Otro capítulo aborda el cierre de escuelas. Vincula la educación remota prolongada con retrocesos académicos, problemas de salud mental y menor actividad física. Cita que el rendimiento de niños de nueve años cayó a niveles de dos décadas atrás y que unos 230.000 alumnos desaparecieron de los registros de escuelas públicas. Los efectos fueron mayores entre estudiantes de bajos ingresos y minorías.
La pesquisa también acusa al exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo de intervenir en un informe que minimizó muertes en residencias de ancianos y de dar declaraciones posiblemente falsas al Congreso. La posibilidad de un accidente de laboratorio, impedir nuevos fondos para EcoHealth Alliance y reconstruir una comunicación científica clara integran los puntos presentados como coincidencias bipartidistas.
Más allá de sus formulaciones políticas, el documento deja una advertencia: ninguna emergencia debe suspender la transparencia, el control del gasto ni la revisión de las medidas. La próxima pandemia exigirá rapidez, pero también capacidad para corregir, explicar la incertidumbre y someter cada decisión a evidencia y rendición de cuentas. Recuperar la confianza dependerá menos de proclamar certezas que de reconocer errores y abrir la información pública.