París (EFE). La Asamblea Nacional de Francia ha marcado un hito legislativo e histórico ayer miércoles al otorgar el visto bueno definitivo a la largamente debatida ley sobre el derecho a la ayuda a morir. Esta ambiciosa normativa, que incluye por primera vez en el país la regulación tanto de la eutanasia como del suicidio asistido, está dirigida a pacientes que padecen enfermedades irreversibles, extremadamente graves y que se encuentran sometidos a niveles de sufrimiento físico intolerables. El polémico texto logró salir adelante en la Cámara Baja tras un intenso debate, obteniendo el respaldo de 291 diputados, una mayoría suficiente frente a los 241 legisladores que decidieron oponerse rotundamente.
Un largo y complejo camino legislativo
La sesión celebrada ayer miércoles constituyó la votación definitiva en tercera lectura de la iniciativa. Desde el año 2025, el texto había recibido en dos ocasiones previas el aval mayoritario de los diputados, pero se encontró con un muro institucional: fue tumbado y rechazado de manera sistemática por el Senado, dominado por una clara mayoría conservadora y sumamente reticente a modificar la ética médica tradicional.
El proyecto que finalmente instaura la eutanasia había sido impulsado con gran vehemencia a finales del año 2024 por el presidente Emmanuel Macron. El mandatario se había fijado como objetivo primordial la consagración de este nuevo derecho, erigiéndolo como uno de los emblemáticos avances sociales de su segundo y último mandato, el cual concluirá en mayo del 2027. Nada más aprobarse la ley, Macron señaló en sus redes sociales que el texto seguirá su curso institucional y agradeció a los parlamentarios por haber hecho posible un debate “constructivo y respetuoso”.
Requisitos estrictos para la “ayuda a morir”
El corpus legislativo, impulsado estratégicamente por el diputado Olivier Falorni, introduce oficialmente en el ordenamiento jurídico galo el derecho a la “ayuda a morir”. La norma dictamina de manera escrupulosa que la acción debe ser ejercida como regla general por la propia persona implicada. No obstante, se contempla excepcionalmente que, si el individuo se halla físicamente incapacitado, la sustancia letal pueda ser administrada directamente por un médico o enfermero autorizado.
Las condiciones establecidas para poder acceder a este derecho son de una naturaleza extraordinariamente estricta y restrictiva. Como requisitos primarios, es imperativo que el solicitante sea mayor de edad y posea la nacionalidad francesa o sea residente legal en el país. El recurso solo podrá ser reclamado por personas que sufran patologías incurables cuyo pronóstico vital se encuentre comprometido en una fase avanzada o terminal, verificándose un proceso totalmente irreversible de deterioro general. Asimismo, el enfermo debe experimentar un sufrimiento físico o psicológico insoportable, derivado directamente de la patología, que no pueda ser mitigado. La ley aclara de forma tajante que el sufrimiento puramente psiquiátrico, si no va acompañado de una enfermedad física grave subyacente, no otorga acceso alguno al procedimiento.
El último escollo: el Consejo Constitucional
A pesar de esta histórica victoria en el hemiciclo, la aplicación de la norma no será inmediata. El texto será examinado de manera minuciosa ante los magistrados del Consejo Constitucional. Dicha revisión se llevará a cabo por iniciativa directa del primer ministro Sébastien Lecornu, quien ha manifestado serias dudas respecto a ciertas partes sensibles del articulado, en especial la extrema brevedad del tiempo de reflexión obligatorio para el paciente.
Mientras tanto, la Iglesia católica francesa reaccionó emitiendo un duro comunicado en el que califica la ley como “una ruptura grave” en la historia nacional, advirtiendo sobre las consecuencias de una normativa que alterará profundamente la relación de la sociedad con la vulnerabilidad, la vejez y la discapacidad.