Ciudad de México (EFE). En medio de una creciente tensión bilateral en materia de seguridad fronteriza, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arremetió ayer miércoles contra la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). La mandataria respondió con dureza a las declaraciones del director de la agencia, Terry Cole, quien afirmó que existe una “conexión mortal” entre los carteles del narcotráfico y autoridades gubernamentales mexicanas.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum desestimó estas acusaciones tildándolas de oportunistas y cuestionó severamente la eficacia y la integridad de la propia agencia antidrogas dentro de las fronteras de su país.
Un choque diplomático y reclamo de soberanía
Para la jefa de Estado, las afirmaciones del alto mando estadounidense carecen de sustento y responden más a una agenda particular que a un análisis objetivo. “Me parece una declaración muy desafortunada por varias razones. La primera porque me parece más una declaración política que una declaración de sustento. No tiene ningún fundamento lo que está diciendo”, aseveró Sheinbaum.
Las palabras de Cole ocurrieron durante la conferencia Fentanyl Free America en Florida. Allí, el funcionario subrayó que el combate a las organizaciones criminales y a las redes de corrupción que facilitan sus operaciones es la principal prioridad de la DEA. Cole argumentó que la presunta colusión entre grupos delictivos y distintos niveles de gobierno en México dificulta gravemente los esfuerzos de Washington para frenar el trasiego de fentanilo.
Frente a este escenario, Sheinbaum negó rotundamente la existencia de una red de protección institucional hacia el narcotráfico. Instó al director de la DEA a mantener la colaboración, pero exigió que se dé bajo un marco de estricto respeto a la soberanía nacional, sentenciando: “A México se le respeta”.
La crisis del fentanilo y el mercado interno estadounidense
La presidenta mexicana optó por poner el foco del debate en la dinámica de consumo y distribución dentro de Estados Unidos. Señaló que la poderosa agencia tiene “mucho trabajo” pendiente en su jurisdicción, frente a la gigantesca red de comercialización interna que rara vez es desmantelada.
“La mayor venta de droga en el mundo está en los Estados Unidos”, argumentó Sheinbaum. “¿Quién la vende? ¿Cómo la venden? ¿Cómo la distribuyen? ¿Cómo lavan el dinero?”. Para la presidenta, estas son las verdaderas interrogantes que la DEA debería investigar a fondo para golpear la cadena financiera y logística en sus propias ciudades.
El reclamo apunta a una exigencia histórica de su política exterior: que Estados Unidos asuma su responsabilidad como principal mercado consumidor. El gobierno mexicano subraya que, mientras la demanda de opioides sintéticos aumente y no existan políticas de salud pública efectivas, los esfuerzos punitivos en territorio mexicano resultarán insuficientes.
Tensiones bilaterales por el caso Sinaloa y extradiciones
El intercambio de declaraciones sube de tono en un contexto político sumamente delicado. Sheinbaum no dejó pasar la oportunidad para recordar los escándalos de corrupción que han manchado a la DEA, señalando que existen “muchísimos” casos documentados de agentes vinculados al narcotráfico. “Hay muchas cosas que la DEA tiene que hacer en su propio país y dentro de su propia organización. Y no estar con declaraciones, que en realidad es política”, reiteró.
Esta fricción ocurre en un momento crítico para la seguridad binacional. En semanas recientes, Washington ha incrementado la presión sobre el gobierno mexicano mediante solicitudes formales de extradición dirigidas a figuras políticas de alto perfil. Destaca el caso de varios exfuncionarios y funcionarios vinculados al gobierno de Sinaloa –cuna de las organizaciones criminales más arraigadas de México– incluyendo al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.


