Buenos Aires (EFE). En su afán por consolidar un modelo económico sustentado en el libre mercado y la desregulación, el gobierno del presidente argentino, Javier Milei, ha puesto sobre la mesa una de sus apuestas legislativas más trascendentales del año: un proyecto de ley integral diseñado para garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada. Esta iniciativa representa un intento frontal por desmantelar décadas de normativas que, según la actual administración, han generado una profunda inseguridad jurídica, espantando sistemáticamente el capital extranjero y estancando el desarrollo económico del país.
Según declaraciones del portavoz presidencial, Adrián Ravier, el objetivo primordial del Ejecutivo es “afianzar” y dotar de herramientas prácticas a lo que ya establece de manera teórica la Constitución Nacional de Argentina, que en su texto legal consagra a la propiedad como un derecho estrictamente inviolable de todo habitante.
Frenos a la expropiación y procesos sumarios para desalojos
Uno de los ejes centrales del proyecto que se discutirá apunta directamente a la modificación sustancial de la ley de expropiaciones vigente en el territorio nacional. Para la administración de Javier Milei, la normativa actual no solo resulta “obsoleta”, sino que está plagada de enormes vacíos legales e instaura reglas de juego tan poco claras que “cualquier cambio de rumbo termina en un tribunal internacional”, generando costos inmensos e injustificados para las arcas del Estado argentino.
La profunda reforma que propone el oficialismo busca erigir un muro de contención legal para impedir que el Estado cometa abusos valiéndose de la figura de la expropiación. Para lograr este cometido, el texto legislativo establece definiciones muchísimo más estrictas y exigentes respecto a lo que podría tipificarse como “utilidad pública”, limitando este concepto como el único justificativo verdaderamente válido para avanzar sobre los bienes de los particulares. Sumado a ello, la iniciativa dictamina que la indemnización estatal debe asegurar, de forma indiscutible, que el sujeto expropiado reciba una reparación económica plena e inmediata por el valor íntegro de su bien, tomándose como referencia obligatoria la valuación que dicho activo poseía antes del anuncio oficial de la expropiación.
En paralelo a las limitaciones impuestas al Estado, el proyecto aborda de frente una de las problemáticas más sensibles en el ámbito civil: los desalojos de propiedades en casos de usurpación u ocupación ilegal. La nueva legislación dispone que, a partir de su promulgación, estos conflictos se tramitarán íntegramente mediante la vía del juicio sumario, un procedimiento judicial significativamente más veloz y expedito que el sistema actual, el cual está diseñado específicamente para restituir la propiedad legítima en plazos muy cortos.
Desregulación rural y atracción de capitales internacionales
La iniciativa oficialista introduce también cambios drásticos y estructurales a la actual Ley de Tierras Rurales. Esta normativa imponía severas restricciones y topes máximos a la cantidad de hectáreas que podían ser adquiridas por personas físicas y empresas privadas extranjeras a lo largo del extenso territorio argentino.
El proyecto gubernamental elimina de manera definitiva estas restricciones de compra, abriendo las puertas de par en par a las grandes inversiones privadas foráneas sin ningún tipo de límite territorial o productivo.
Un giro de timón en las normativas contra el fuego
Por último, el complejo articulado del megaproyecto impulsado por la Casa Rosada incluye modificaciones de peso a la ley sancionada en el año 2020, la cual penalizaba y castigaba con extrema dureza los incendios ocurridos tanto en zonas de campos agrícolas como en los diferentes bosques implantados del país.
Desde la óptica del actual Ejecutivo Nacional, esta restrictiva ley de carácter netamente punitivo fracasó, ya que no evitó en absoluto la proliferación de incendios y terminó convirtiéndose en una trampa burocrática.