Guayaquil (EFE). El cerco judicial sobre el expresidente de la República de Ecuador Lenín Moreno se estrechó luego de que la Fiscalía General solicitara formalmente una pena de seis años y seis meses de prisión en su contra. La acusación, enmarcada en el delito de cohecho, se fundamenta en la presunta recepción de millonarios sobornos provenientes de la compañía estatal china Sinohydro, pagados presuntamente para asegurar la adjudicación y construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la obra energética más grande de la nación. Los hechos investigados se remontan a la época en que Moreno fungía como vicepresidente bajo el mandato de Rafael Correa, período clave para consolidar esos contratos.
El fiscal general, Carlos Alarcón, no limitó su requerimiento punitivo al exjefe de Estado. La solicitud de condena penal se extendió también hacia su círculo familiar íntimo, abarcando a su esposa, Rocío González, y a su hija, Irina Moreno. Asimismo, el dictamen fiscal incluyó a otras diecisiete personas procesadas por su comprobada participación en este complejo entramado de corrupción internacional, destacando de manera prominente la figura del exembajador de China en Ecuador, Cai Runguo.
Un entramado de sobornos y lavado de dinero
De acuerdo con la extensa exposición del Ministerio Público, el exmandatario y su núcleo familiar habrían sido los beneficiarios directos de más de un millón de dólares. Esta suma representa solo una fracción del total de 76 millones en sobornos que Sinohydro desembolsó para garantizarse la ejecución del proyecto Coca Codo Sinclair, ubicado en plena Amazonia ecuatoriana y diseñado con una gigantesca capacidad de generación de hasta 1.500 megavatios de potencia instalada.
La génesis de este escándalo judicial se ubica en el 2019, cuando una profunda investigación del portal periodístico La Fuente sacó a la luz una red de triangulación mediante la empresa extraterritorial INA Investment. La trama completa salió a flote tras descubrirse que uno de los hermanos de Moreno había adquirido una lujosa propiedad en la costera Alicante (España) a través de estas opacas compañías con cuentas ocultas en reconocidos paraísos fiscales.
El millonario botín y su reparto familiar
Esta contundente revelación desencadenó la investigación para desentrañar los cobros ilícitos realizados durante su ejercicio vicepresidencial. Según la tesis acusatoria, Moreno habría canalizado un total de 660.000 dólares. De este monto general, 220.000 dólares habrían sido destinados al expresidente y a su esposa presuntamente a través de la compra encubierta de una vivienda y la adquisición de mobiliario de alta gama.
La capilaridad de los pagos irregulares alcanzó a la familia extendida del político. Un total de 440.000 dólares habrían sido distribuidos así: su hermano Edwin recibió presuntamente la mayor tajada con 350.000 dólares, mientras que su hermano Guillermo habría obtenido 10.000. El flujo ilícito también benefició a su hija Irina con una transferencia de 50.000 dólares, a sus cuñadas Jacqueline y Martha con 10.000 y 15.000, y a su suegra Aída Graciela con 5.000.
Inhabilitación, multas y una placa anticorrupción
El histórico juicio se inició hace casi dos meses con veintiún procesados en la sala. No obstante, en la audiencia del miércoles el fiscal comunicó al tribunal el retiro de la acusación contra una procesada en calidad de cómplice, reduciendo la lista de imputados que aguardan su sentencia.
El Ministerio Público fue implacable en sus demandas accesorias. El fiscal exigió inhabilitar de por vida a los condenados para ejercer cargos públicos o mantener vínculos con el Estado. Además, solicitó suspender sus derechos de participación, aplicar una multa y reparación material. La Fiscalía también pidió disculpas públicas y la instalación de una “cita anticorrupción” en el complejo hidroeléctrico como recordatorio permanente. El tribunal resolvió suspender la diligencia hasta mañana para escuchar los alegatos finales.