San José, Costa Rica (AFP). El refugio que representó un alivio indispensable para cientos de comunicadores nicaragüenses que huían de la persecución política ha comenzado a resquebrajarse peligrosamente. La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) expuso ayer miércoles en Costa Rica una realidad alarmante: los periodistas exiliados enfrentan una sistemática persecución que trasciende fronteras, un fenómeno letal que catalogan directamente de “represión transnacional”.
Según el informe de monitoreo correspondiente al segundo trimestre de este año, al menos 310 periodistas nicaragüenses viven en el exilio. La inmensa mayoría de estos profesionales de la comunicación se vio forzada a abandonar su país desde el año 2018. En aquel entonces, masivas protestas ciudadanas desataron una respuesta implacable del gobierno encabezado por Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Aquella ola represiva dejó aproximadamente 300 muertos y consolidó un clima de hostilidad absoluta, obligando a los reporteros a buscar asilo más allá de las fronteras nacionales.
El asedio transnacional y la inseguridad en el asilo
“El exilio deja de ser un refugio seguro: periodistas nicaragüenses enfrentan amenazas transnacionales y desprotección”, advirtió severamente la FLED en su reciente documento. La situación en Costa Rica, nación que por su histórica cercanía geográfica y tradición democrática ha acogido a miles de perseguidos, se volvió profundamente hostil para la prensa. En este lapso comprendido entre abril y junio, varios periodistas exiliados en suelo costarricense fueron alertados por las propias autoridades locales sobre “riesgos graves contra su vida e integridad” física.
Estas advertencias tienen un antecedente trágico y muy reciente. En junio del 2025, Roberto Samcam, un reconocido exmilitar nicaragüense exiliado en San José, fue asesinado por sicarios, evidenciando que la violencia opera con impunidad fuera del territorio de Nicaragua. En este mismo contexto de terror y zozobra, la FLED reportó documentados “casos de vigilancia” ilegal en territorio costarricense. Uno de estos lamentables episodios de hostigamiento derivó en la inmediata “salida de emergencia” de una periodista, quien se vio forzada a huir tras recibir advertencias de inminente peligro.
A esta profunda vulnerabilidad física se le suman dinámicas migratorias verdaderamente adversas. La oenegé recordó con gran preocupación que, entre abril y junio pasados, dos periodistas nicaragüenses fueron directamente deportados por los Estados Unidos hacia Costa Rica. Esta acción gubernamental los dejó en una posición de mayor “indefensión”, exponiéndolos nuevamente al acoso internacional documentado en Centroamérica. Ante este gravísimo panorama, la organización urgió al gobierno de San José a adoptar “medidas específicas y efectivas” para su urgente protección.
Trabas administrativas y cacería contra los familiares
El régimen dictatorial en Managua ha sofisticado notablemente sus métodos para asfixiar a la prensa independiente, atacando ahora los cimientos legales y el círculo íntimo de los exiliados. La Fundación detalló haber recibido múltiples reportes sobre la implementación de “nuevas formas de represión” ejecutadas dentro de Nicaragua en contra de los parientes de los periodistas. Estos allegados son sometidos constantemente a hostiles “interrogatorios” ante las sospechas infundadas de que actúan como informantes y envían datos a los medios de comunicación foráneos.
Esta cacería psicológica se complementa con un férreo bloqueo institucional sistemático. La FLED denunció indignada que el gobierno de Ortega y Murillo “impone trabas a familiares” que intentan realizar gestiones legales imprescindibles para los comunicadores en el exilio. Entre los trámites burocráticos deliberadamente obstaculizados destacan procesos fundamentales como la convalidación de títulos académicos universitarios y la indispensable autentificación de documentos administrativos. Sin estos papeles oficiales, los exiliados quedan imposibilitados de trabajar formalmente y condenados a la precariedad económica.
Frente a este escenario sumamente complejo, donde convergen de manera brutal el asedio internacional, la falta de garantías migratorias y el ahogamiento burocrático perpetrado por un régimen autoritario, la comunidad internacional debe actuar. Garantizar la vida, el estatus y la integridad jurídica de estos periodistas exiliados representa el único mecanismo viable para asegurar que la verdad sobre lo que ocurre dentro de Nicaragua no se apague de forma definitiva.