Venezuela (AFP). El 24 de junio, América Latina vivió uno de sus peores desastres sísmicos. Un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 sacudió a Venezuela, golpeando directamente el estado de La Guaira, cerca de Caracas. El balance oficial actualizado traza un panorama desolador: 3.685 muertos, más de 17.000 heridos y casi 18.000 ciudadanos sin hogar de la noche a la mañana. La ONU estimó que estos sismos provocaron daños estructurales que superan los 6.700 millones de dólares, el 6% del producto interno bruto (PIB) nacional. La infraestructura crítica del país colapsó; el aeropuerto de Maiquetía resultó severamente afectado y permanece cerrado a la aviación comercial, aislando la zona.
Un llamado urgente en medio de la devastación
Frente a esta emergencia, Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, viajó de urgencia al territorio para reunirse con las autoridades. Durante una asamblea virtual de la OCHA con ministros globales, Fletcher lanzó un enfático ruego: “Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un período de seis meses. Es un plan con plazos concretos”. Aunque el emisario agradeció públicamente a los países donantes, los números son verdaderamente alarmantes. Este pedido se suma al plan de 632 millones anunciado a principios de año para asistir a ocho millones de venezolanos vulnerables. Dicho plan había recaudado solo 115 millones. Con nuevos aportes, la cifra sube a 300 millones, pero aún faltan 627 millones de dólares para cubrir todas las inmensas necesidades urgentes de la nación.
El reclamo por los fondos y el dolor entre los escombros
En este marco diplomático, el gobierno de Venezuela alzó su voz. El canciller, Yván Gil, aprovechó la reunión para reclamar la liberación inmediata de los capitales de su país en el exterior. “Queremos hacer un llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utilizar en la recuperación”, sentenció. Gil argumentó que su nación posee cuentas inmovilizadas producto de “sanciones ilegales”, dinero que resulta absolutamente fundamental hoy para reconstruir su infraestructura hecha trizas.
Lejos de aquellos formales despachos, la realidad en La Guaira es una dantesca pesadilla. Dos semanas después de que la tierra rugiera, los equipos internacionales de rescate han concluido sus intentos por hallar sobrevivientes. En el arrasado sector Caraballeda, el escenario es aterrador. Casi una docena de retroexcavadoras retiran toneladas de escombros del complejo habitacional OPP, donde varias torres colapsaron. Solo los desesperados familiares permanecen allí, estoicos, aferrados a la agónica esperanza de recuperar los restos. Hay una severa proliferación de moscas y un agudo olor a cuerpos en descomposición impregna cada esquina.
En las calles los sobrevivientes batallan diariamente contra el hambre. Miles de familias esperan donaciones, exhaustas de caminar buscando raciones de agua y víveres. Los jefes de estos hogares se quedaron sin sustento. Stefani Garate, de 26 años, quien vendía dulces en las playas, refleja esta enorme incertidumbre: “No sé hasta cuándo vamos a estar así. Por lo menos hoy nos dieron algo de arroz, espaguetis y unas sardinas, y aquí vamos juntando cositas para llevar”. A su lado, la desesperación choca con la fe. Génesis Ramírez, peluquera de 34 años, hurga entre las ruinas buscando a sus sobrinas. “¿Cómo no voy a tener esperanza cuando de este mismo edificio sacaron a un niño de meses con vida? ¿Cómo puedo perder la fe? No la puedo perder. Hasta que uno no vea el cuerpo, uno no pierde la fe. Esto ha sido muy duro, es horrible, horrible. Nadie viene a ayudarnos, tenemos muchos muertos acá todavía”, relató con mucho dolor.