Cuba vuelve a pararse frente a una pregunta histórica: cambiar o hundirse. El gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de 176 medidas económicas que, al menos sobre el papel, representa el mayor giro del modelo cubano desde la llegada del comunismo a la isla hace casi siete décadas. La promesa oficial es transformar la economía para “levantarse”, pero el fondo político es más crudo: el castrismo necesita reformarse para no morir.
El plan toca 23 áreas y abre frentes que hasta hace poco parecían impensables. Incluye la posibilidad de permitir criptomonedas, implementar un IVA, habilitar seguros privados, autorizar la importación de autos eléctricos, impulsar centros de datos privados y crear un marco para la inteligencia artificial. Pero el núcleo de la reforma está en tres grandes movimientos: abrir espacios al sector privado, permitir mayor entrada de capital extranjero y reducir mecanismos históricos de control estatal.
Uno de los cambios más sensibles es la eliminación del límite de 100 empleados para las empresas privadas. Hasta ahora, el emprendimiento en Cuba podía existir, pero siempre bajo techo bajo, vigilancia estatal y escasa capacidad real de expansión. Con el nuevo esquema, una persona podrá ser dueña de varias compañías, las firmas podrán convertirse en sociedades participadas y se abre la puerta a un funcionamiento más parecido al de una economía de mercado.
El Estado también promete flexibilizar sectores estratégicos. Empresas privadas y extranjeras podrían importar y vender combustible, un dato no menor en un país golpeado por apagones de hasta 20 horas diarias. Además, las empresas estatales podrán transformarse en sociedades mercantiles e incluso quebrar. Es decir, por primera vez se admitiría que una firma pública ineficiente no debe sobrevivir eternamente con subsidios automáticos.
Otro punto clave está en las remesas. La apertura a bancos y casas de cambio privadas puede afectar uno de los pulmones de la economía cubana: el dinero que los emigrados envían a sus familias. Se trata de miles de millones de dólares al año y llega a uno de cada tres hogares. Más del 80% procede de Estados Unidos. Por eso, quien controla las remesas controla una parte decisiva del oxígeno financiero de la isla.
El turismo también aparece como urgencia. Durante años fue la joya de la corona y una de las principales fuentes de divisas, pero en los primeros cuatro meses de 2026 la llegada de visitantes cayó 56%. En ese contexto, permitir que extranjeros y cubanos emigrados inviertan, compren inmuebles en zonas turísticas, abran agencias privadas o monten negocios no parece una concesión ideológica, sino una medida de supervivencia.
Sin embargo, la reforma tiene un costo. El Estado cubano lleva décadas subsidiando bienes y servicios con recursos cada vez más escasos. Para equilibrar las cuentas deberá recortar ayudas y subsidios. El símbolo más fuerte será la progresiva desaparición de la libreta de racionamiento, vigente desde 1962. La idea oficial es pasar de subsidiar productos a subsidiar personas, pero en una población ya golpeada por la escasez, incluso ese ajuste mínimo puede doler.
La gran duda es si Cuba está ante un cambio real o ante otra maniobra para ganar tiempo. El antecedente no ayuda. En 1980 se abrieron los mercados libres campesinos, donde los agricultores podían vender excedentes. Funcionaron tan bien que terminaron cerrados en 1986, cuando Fidel Castro entendió que su éxito podía erosionar el control político del socialismo. Esa memoria pesa sobre cualquier promesa de apertura.
El espejo que hoy mira La Habana parece ser Vietnam. Ese país, gobernado también por un partido comunista, lanzó en 1986 su reforma Doi Moi: abrió la economía al mercado, permitió capital privado y extranjero, pero mantuvo intacto el control político. El resultado fue una transformación profunda: Vietnam pasó de una economía en ruinas a convertirse en uno de los grandes exportadores de arroz, redujo drásticamente la pobreza y multiplicó su economía.
Díaz-Canel ha citado el modelo vietnamita como referencia para la actualización cubana. La hipótesis es clara: no democratizar el poder, sino modernizar la economía; no desmontar el régimen, sino hacerlo viable. Una especie de capitalismo de Estado caribeño, con más mercado, más inversión y menos control directo en algunas áreas, pero con el partido conservando la conducción política.
El problema es que Cuba tiene una estructura particularmente rígida: el enorme peso económico de los militares. GAESA, el conglomerado vinculado a las Fuerzas Armadas, controla sectores decisivos como turismo, puerto del Mariel, tiendas en divisas y remesas. Según el material analizado, el ejército tendría influencia sobre hasta el 70% de la economía. Por eso, si las reformas avanzan en serio, necesariamente tocarán intereses militares.
Ahí está el verdadero punto de tensión. Permitir banca privada, casas de cambio, entrada directa de capital extranjero, importación de combustible y negocios sin asociación obligatoria con el Estado implica quitarle a la estructura militar una parte del control sobre las divisas. La pregunta no es solo si el régimen quiere cambiar, sino si los grupos que viven del actual sistema permitirán ese cambio.
Estados Unidos observa con desconfianza. Para Washington, estas reformas pueden ser apenas señales superficiales si no reducen el poder real del aparato militar y no garantizan seguridad jurídica. Además, Cuba no tiene las mismas cartas que tuvo Vietnam cuando logró normalizar relaciones con Estados Unidos. Vietnam se volvió útil como contrapeso frente a China; Cuba, en cambio, mantiene vínculos crecientes con Rusia y China, a apenas 90 millas de Florida.
La Habana aún tiene cartas de presión: la migración y la geopolítica. Puede insinuar cooperación para evitar nuevas oleadas migratorias hacia Florida o prometer dejar de ser plataforma de influencia rusa y china en el Caribe. Pero eso no resuelve la cuestión central.
La verdadera pregunta no es si Cuba se vuelve capitalista. La pregunta es si el régimen aceptará perder control económico para conservar poder político. Si lo hace, podría comenzar una etapa parecida al Vietnam caribeño. Si no, estas 176 medidas serán otro capítulo de reformas anunciadas, expectativas encendidas y promesas que terminan girando en el mismo lugar.
Fuente: VisualPolitik - El Castrismo de Rodillas