Ciudad de Panamá, Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este miércoles la construcción de una prisión de máxima seguridad para aislar a los jefes de pandillas, tras una fuga masiva de reos y el aumento de la violencia en el país.
Varios países de Latinoamérica intentan replicar el modelo carcelario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, uno de los pilares de su guerra contra las pandillas que ha dejado unas 92.000 personas presas desde 2022.
Sin mencionar la política de seguridad de Bukele, el mandatario panameño afirmó que endurecerá las reglas en las cárceles para evitar que criminales dirijan desde prisión a las pandillas, a las que responsabiliza del narcotráfico y de la mayoría de asesinatos.
“Vamos a construir una cárcel de máxima seguridad y endurecer las normas penitenciarias para quienes cometen delitos desde dentro de las cárceles”, dijo Mulino durante un discurso ante la Asamblea de Diputados.
“Impondremos un plan de fuerza mayor (...) aislando a los líderes de bandas de manera total”, añadió sin dar detalles del centro penitenciario.
Mulino anunció las medidas en medio de la conmoción por la muerte de una niña de 10 años en un ataque de sicarios contra su padre, y por la fuga de casi 200 presos -la mayoría ya recapturados- de la cárcel La Joyita, en los alrededores de Ciudad de Panamá, hace un mes.
“Prefiero que me acusen de sobrepoblar cárceles a que los pandilleros sigan extorsionando, matando, robando y moviendo drogas por todas las calles de nuestro país”, dijo Mulino.
Ecuador y Costa Rica construyen actualmente prisiones inspiradas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, donde hay estrictas condiciones de reclusión y según las oenegés graves violaciones de derechos humanos.
Los presos “no serán huéspedes en cárceles que más parecen un resort (hotel) (...) que un centro donde están pagando una condena por daños muy graves a la sociedad”, afirmó Mulino.
“Respaldo la política de derechos humanos, pero siempre el de las víctimas será primero para mí”, añadió.
Según cifras oficiales, con base en datos hasta el primer semestre de 2026, el país registra seis homicidios por cada 100.000 habitantes; pero esa tasa se duplica en la provincia caribeña de Colón y en la región donde está la capital. Si sigue la tendencia nacional, la tasa anual se duplicaría.
Aunque en Panamá no están presentes las temidas pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha como en el norte de Centroamérica, hay más de 150 bandas criminales sobre todo en Colón y la zona metropolitana del país.
En Panamá hay unos 24.000 presos en una veintena de cárceles, cuya capacidad total es para 14.700 personas.
Reinserción o encierro: el dilema ante líderes criminales
La construcción de cárceles de máxima seguridad volvió al centro del debate en América Latina. El crecimiento de las pandillas y de organizaciones criminales como el EPP en Paraguay plantea una pregunta: ¿todos los delincuentes pueden reinsertarse o existen perfiles cuyo riesgo obliga a priorizar la protección permanente de la sociedad?
La evidencia muestra que la reinserción es posible para muchos condenados cuando existen programas de educación, capacitación laboral, tratamiento de adicciones y seguimiento posterior. Sin embargo, los líderes de estructuras criminales representan un desafío distinto. Su poder no depende solo de la violencia, sino de redes de mando que continúan operando incluso desde prisión mediante teléfonos, visitas o corrupción.
En Paraguay ocurre un dilema similar con integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Mientras algunos condenados podrían abandonar la violencia, los cuadros de conducción mantienen una capacidad de organización que convierte a los establecimientos penitenciarios comunes en centros de operaciones antes que en espacios de rehabilitación.
Por ello, numerosos especialistas sostienen que los sistemas penitenciarios deben diferenciar perfiles. La mayoría de la población penal debería acceder a verdaderas políticas de reinserción social. En cambio, los jefes de organizaciones criminales o terroristas requieren establecimientos de máxima seguridad, con aislamiento operativo, control tecnológico estricto y sin posibilidad de dirigir delitos desde el encierro.
El objetivo no es renunciar a los derechos humanos, sino equilibrarlos con el derecho de la sociedad a vivir segura. La cárcel debe rehabilitar cuando ello es viable, pero también impedir que quienes mantienen intacta su capacidad criminal sigan sembrando violencia desde detrás de los muros.