Miami, Estados Unidos. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció actos de hostigamiento y represalias contra el periodista ecuatoriano Hernán Higuera, de Ecuavisa, luego de sus investigaciones sobre el denominado caso Progen, vinculado a presuntas irregularidades en contratos públicos durante la crisis energética de 2024 en Ecuador.
El organismo, con sede en Miami, rechazó de manera categórica lo que calificó como un patrón de intimidación institucional contra el comunicador y su entorno familiar. Según la denuncia, Higuera decidió apartarse de la investigación tras advertir presiones ejercidas desde instituciones del Estado contra su esposa y su hijo.
El periodista anunció su decisión el 19 de junio, durante el noticiero central de Ecuavisa. Allí explicó que se retiraba de la cobertura del caso Progen debido a las consecuencias que, según señaló, comenzaron a afectar directamente a su familia. El canal también alertó sobre represalias posteriores a la difusión de los reportajes, que apuntaban a una empresa con sede en Estados Unidos y a supuestas irregularidades en contratos suscritos en el marco de la emergencia energética.
De acuerdo con la información difundida por la SIP, tras la publicación de las investigaciones, el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, emitió un pronunciamiento contra Higuera. A esto se sumaron denuncias sobre el presunto uso de entidades estatales, entre ellas la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom), como mecanismos de presión contra el periodista.
El caso cobró mayor gravedad por las denuncias de represalias dirigidas no solo contra el comunicador, sino también contra su entorno más cercano. Higuera señaló que su esposa fue despedida de una empresa pública y que su hijo fue suspendido de la plaza que ocupaba como estudiante de medicina en un hospital de la seguridad social. Estas medidas, según relató, influyeron directamente en su decisión de abandonar la investigación periodística.
La SIP advirtió que este tipo de acciones, cuando involucran a instituciones estatales, constituyen una amenaza directa al ejercicio del periodismo de investigación. Para la organización, el uso de organismos públicos con fines de presión o castigo debilita la libertad de prensa y busca instalar un clima de temor entre quienes fiscalizan asuntos de interés público.
“El uso de instituciones del Estado para hostigar a un periodista y tomar represalias contra su familia constituye un abuso de poder y una violación a la libertad de prensa. Este tipo de prácticas buscan instaurar el miedo como mecanismo de censura”, afirmó el presidente de la SIP, Pierre Manigault, titular del grupo Evening Post Publishing Inc., en Charleston, Carolina del Sur.
En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana, Martha Ramos, expresó preocupación por el impacto que este episodio puede generar sobre el periodismo investigativo. Sostuvo que en una sociedad democrática resulta esencial que los periodistas puedan desarrollar su labor sin presiones ni intimidaciones.
Ramos reclamó el cese inmediato de las acciones denunciadas y pidió garantías efectivas para el ejercicio libre e independiente del periodismo. La dirigente remarcó que la investigación periodística sobre hechos de presunta corrupción no puede derivar en represalias personales, familiares o laborales contra quienes cumplen la tarea de informar.
Ecuavisa, por su parte, sostuvo que las presiones oficiales tendrían como objetivo obstaculizar las investigaciones sobre el caso Progen y debilitar el periodismo de fiscalización. El medio defendió la importancia de continuar investigando asuntos que involucran el manejo de recursos públicos y decisiones adoptadas durante la crisis energética que atravesó Ecuador en 2024.
El caso Progen se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General, que procesa a 21 personas por el presunto delito de peculado. Según los datos citados en la denuncia, 104 millones de dólares de fondos públicos fueron destinados a la adquisición de generadores de energía para las centrales térmicas de Quevedo y Salitral.
Sin embargo, las investigaciones señalan que los equipos entregados eran usados, fueron reacondicionados y no cumplían con los estándares tecnológicos exigidos. Ese punto se convirtió en uno de los ejes de la cobertura periodística que derivó en las presiones denunciadas por Higuera y Ecuavisa.
La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador y la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios también rechazaron el acoso y las represalias dirigidas contra el periodista y su familia. Ambas organizaciones se sumaron a los cuestionamientos por el posible uso de estructuras estatales para condicionar el trabajo de la prensa.
Los directivos de la SIP recordaron que la utilización de mecanismos estatales para presionar, intimidar o castigar a periodistas por su labor investigativa vulnera principios fundamentales de la libertad de expresión y contradice estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La organización remarcó que el caso Higuera debe ser entendido como una señal de alarma para la región, en un contexto en el que el periodismo de investigación continúa enfrentando presiones políticas, judiciales, económicas e institucionales. Para la SIP, proteger a los periodistas frente a represalias no solo resguarda derechos individuales, sino también el derecho de la ciudadanía a recibir información sobre hechos de interés público.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida.