La justicia boliviana declaró este lunes en rebeldía al expresidente Evo Morales y ordenó su captura luego de que no se presentara ante el tribunal de Tarija que lleva adelante el juicio en su contra por presunta trata agravada de personas. El exmandatario es investigado por supuestamente haber mantenido una relación con una adolescente de 15 años durante el tiempo en que ejercía la Presidencia de Bolivia.
La decisión fue tomada por el juez Carlos Oblitas e incluye una orden de aprehensión y arraigo nacional, según confirmó el vocal del Tribunal Supremo de Justicia, Grover Mita. Morales debía comparecer en el proceso judicial, pero su defensa había anticipado días atrás que no asistiría al considerar que el caso responde a una “persecución política”.
El exmandatario permanece desde 2024 en la región del Chapare, en Cochabamba, considerada su principal bastión político y sindical. Allí es protegido por grupos de campesinos y productores cocaleros que mantienen vigilancia permanente para impedir un eventual operativo policial.
La acusación y las pruebas de la Fiscalía
El Ministerio Público sostiene que Morales habría embarazado a una adolescente cuando aún ocupaba la Presidencia y que los padres de la menor habrían consentido la relación a cambio de beneficios políticos y económicos.
La madre de la joven también fue declarada prófuga, mientras que el padre permaneció más de un año en prisión preventiva durante el avance de la investigación.
Según la Fiscalía boliviana, existen más de 170 pruebas recolectadas dentro del expediente, entre ellas mensajes, documentos y otros elementos que permitieron avanzar hacia la etapa de juicio oral.
El caso salió a la luz inicialmente en 2020, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, cuando se filtraron fotografías y conversaciones atribuidas a Morales con una adolescente varias décadas menor que él. En ese entonces, el Ministerio de Justicia presentó una denuncia formal por trata agravada de personas.
Sin embargo, el proceso fue archivado meses después tras la llegada al poder de Luis Arce, aliado político y exministro de Economía del propio Morales.
Defensa denuncia irregularidades
La defensa del exmandatario cuestionó la legalidad del proceso y aseguró que Morales no fue notificado correctamente sobre la audiencia judicial. El abogado Wilfredo Chávez sostuvo que la notificación debía realizarse de manera personal y no mediante edictos u otros mecanismos digitales, argumentando que el procedimiento vulnera garantías procesales.
No obstante, el vocal Grover Mita rechazó esos cuestionamientos y afirmó que el Código de Procedimiento Penal boliviano contempla distintos mecanismos válidos de notificación. “El tribunal ha optado por realizar notificaciones por varios medios señalando día y hora”, explicó ante medios locales.
Mientras tanto, la mujer señalada como víctima remitió recientemente un memorial judicial solicitando la anulación del proceso. En el documento aseguró que no existió ningún hecho de explotación y afirmó no considerarse víctima dentro de la causa.
Pese a ello, la justicia boliviana determinó que el pedido deberá ser analizado durante el juicio oral y no implica el cierre automático del expediente.
Crisis política y enfrentamiento con el Gobierno
El avance del caso judicial ocurre en medio de una fuerte disputa política entre Evo Morales y el presidente boliviano Rodrigo Paz, en un escenario marcado por protestas sociales, crisis económica y divisiones internas dentro del oficialismo.
Morales impulsa desde esta semana una movilización hacia La Paz para protestar contra las políticas económicas del Gobierno, al que responsabiliza por la inflación y el deterioro económico que atraviesa Bolivia.
Por su parte, el presidente Paz denunció un supuesto intento de desestabilización promovido por sectores cercanos al expresidente y presentó audios en los que presuntamente Morales ordenaba “cercar” la ciudad de La Paz. Sin embargo, verificadoras bolivianas señalaron posteriormente que los registros de audio corresponden a conflictos ocurridos el año pasado durante la disputa interna entre Morales y el expresidente Luis Arce.
El exmandatario respondió a través de sus redes sociales, donde denunció ser víctima de una estrategia de “lawfare” o persecución judicial con fines políticos.
“No busco impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren con pruebas legales y reales los presuntos delitos que cometí”, expresó Morales en un mensaje publicado en la red social X. La situación mantiene elevada la tensión política en Bolivia, donde sectores sociales vinculados al evismo también anunciaron movilizaciones y protestas contra el Gobierno nacional, exigiendo incluso la renuncia del presidente.