El fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó ayer martes sobre la apertura de la pesquisa y sostuvo que, si ChatGPT fuera una persona, enfrentaría cargos por asesinato. Según explicó en una rueda de prensa, la decisión se tomó tras una revisión inicial del historial de conversaciones entre el chatbot y Phoenix Ikner, un estudiante de 21 años acusado del ataque en la Universidad Estatal de Florida (FSU), en abril del año pasado.
De acuerdo con Uthmeier, ChatGPT habría ofrecido “consejos significativos” antes de que se produjera el crimen, entre ellos orientaciones sobre qué tipo de arma usar y qué municiones resultaban adecuadas para cada pistola. A partir de esos intercambios, las autoridades buscan determinar si OpenAI puede tener algún grado de responsabilidad penal.
El fiscal recordó que la legislación de Florida considera delito “ayudar, incitar o aconsejar” a una persona para cometer un crimen. En ese marco, el estado emitió un citatorio para que OpenAI entregue documentación interna vinculada a sus políticas de prevención frente a amenazas contra terceros o contra uno mismo, además de materiales de entrenamiento y una lista de directivos, gerentes y empleados.
“Es importante que todos estemos conscientes de los riesgos de esta nueva tecnología y de los daños que puede causar, y ya ha causado, en nuestras comunidades”, afirmó Mark Glass, comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.
El caso se inscribe en una ofensiva más amplia del estado contra empresas de inteligencia artificial. En marzo trascendió que una familia floridana demandó al chatbot Gemini, al que acusa de haber inducido a un hombre al suicidio al convencerlo de que mantenían una relación romántica y de que morir era necesario para estar juntos.
Además, el gobernador Ron DeSantis anunció en diciembre que insistirá en regular la IA en Florida, con medidas sobre centros de datos y protección a usuarios, pese al intento del presidente Donald Trump de concentrar esa normativa en el ámbito federal.