La Tribuna. La investigación judicial sobre el caso $Libra sumó en las últimas semanas nuevos elementos que complican la versión pública de Javier Milei sobre su vínculo con el lanzamiento de la criptomoneda promocionada por el Presidente el 14 de febrero del 2025. Un peritaje informático sobre el celular del empresario tecnológico Mauricio Novelli, incorporado al expediente que tramita en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi y bajo la investigación del fiscal Eduardo Taiano, reveló múltiples comunicaciones entre Novelli, Milei, Karina Milei y Santiago Caputo en los minutos previos y posteriores al lanzamiento del criptoactivo.
Según los registros telefónicos, ese 14 de febrero Milei y Novelli intercambiaron 7 llamadas por un total de 13 minutos y 10 segundos. De ellas, 5 ocurrieron dentro de la hora previa al posteo presidencial en X y 2 en la media hora posterior. También hubo comunicaciones de Novelli con Karina Milei y con Santiago Caputo entre la noche del viernes 14 y el domingo 16, en medio de la crisis desatada tras el derrumbe del token.
El dato tensiona la explicación que dio Milei tras el escándalo. En aquel momento sostuvo que solo había “difundido” un proyecto ajeno, que no tenía “vinculación alguna” con la iniciativa y que, al interiorizarse de sus detalles, decidió borrar el mensaje. Sin embargo, el peritaje ubica una primera llamada de Novelli a Milei a las 18:02, cuando faltaban 36 minutos para la creación del token. A las 18:38 se creó $Libra, a las 18:51 se generó el pool de liquidez y a las 18:54 hubo otra comunicación entre ambos, apenas siete minutos antes del tuit presidencial. También se registró otra llamada a las 19:03, menos de dos minutos después de la publicación.
Otro punto clave es el código alfanumérico de 44 caracteres que Milei difundió en su cuenta y que permitía invertir en $Libra. De acuerdo con la declaración del especialista en blockchain Fernando Molina ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, ese contrato no estaba disponible en internet a las 19:01, cuando lo publicó el mandatario. Esa afirmación contradice la versión presidencial de que obtuvo el dato de la web.
El peritaje también habría recuperado del teléfono de Novelli borradores de un presunto acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis, señalado como creador de $Libra, además de un documento con un supuesto esquema de pagos por USD 5 millones. Ese archivo, redactado originalmente en inglés y creado tres días antes del lanzamiento, describiría tres pagos: uno por adelantado, otro luego de un tuit de Milei y un tercero tras la firma presencial de un contrato. Hasta ahora, la Justicia no verificó si ese dinero fue efectivamente pagado ni si parte de esos fondos llegó al entorno presidencial.
La causa se inició en febrero del 2025 a partir de una denuncia del economista Claudio Lozano, luego acumulada con otras presentaciones. Milei y Karina Milei son investigados, pero no están formalmente imputados y aún no designaron abogados defensores en el expediente. Entre los investigados también figuran Mauricio Novelli; su hermana María Pía Novelli; su madre, María Alicia Novelli; su socio Manuel Terrones Godoy; el exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales; Julián Peh, CEO de Kip Protocol; Hayden Mark Davis, de Kelsier Ventures; el colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco y el argentino Orlando Rodolfo Mellino, presuntamente vinculados a una “cueva” financiera del mundo cripto.
En noviembre del 2025, Martínez de Giorgi dispuso el embargo de bienes de varios de los investigados, entre ellos Novelli, su entorno, Morales, Davis y Rodríguez Blanco. En enero del 2026, la Cámara Federal confirmó esos embargos y elevó los montos.
Tras conocerse el nuevo material, integrantes de la comisión investigadora del Congreso anunciaron que pedirán la interpelación de Karina Milei y de Manuel Adorni, en representación del Presidente, además de requerir explicaciones sobre las conversaciones con Novelli y promover el apartamiento del fiscal Taiano, a quien acusan de obstaculizar el acceso a pruebas.
El caso, que busca determinar si hubo una maniobra coordinada que ocasionó pérdidas por más de USD 100 millones a inversores, ya dejó de ser solo un problema judicial. También abrió una crisis política y ética para un Gobierno que construyó buena parte de su legitimidad sobre el rechazo a la “casta” y la promesa de una superioridad moral frente a la política tradicional. Las nuevas evidencias no prueban por sí solas el cobro de dádivas o un delito consumado, pero sí erosionan de manera sensible el relato oficial y colocan al Presidente en una zona de creciente vulnerabilidad pública.
