Cuba atraviesa una situación límite. Con una crisis energética que se agravó en las últimas semanas, protestas en las calles, apagones, malestar social creciente y una economía cada vez más asfixiada, en Washington empieza a tomar forma una estrategia que, según distintas versiones, buscaría empujar una transición negociada en la isla sin recurrir a una amenaza militar directa.
VisualPolitik/La Tribuna. El eje del planteo sería simple en su formulación, aunque complejo en su ejecución: ofrecer a la cúpula del poder cubano una salida política y personal a cambio de que ceda espacio, acepte reformas y habilite una apertura económica con Estados Unidos. En ese esquema, el presidente Miguel Díaz-Canel y miembros centrales de la familia Castro deberían apartarse del poder, pero no necesariamente exiliarse. La propuesta apuntaría a que puedan permanecer en Cuba sin protagonismo político, mientras una nueva figura, acordada entre las partes, encabece una etapa de transición.
La comparación que sobrevuela todo el razonamiento es Venezuela. Según este enfoque, la Casa Blanca habría aplicado allí un libreto basado primero en presión, luego en ofertas de salida y finalmente en una reconfiguración del poder. La diferencia, en el caso cubano, es que no aparece por ahora el componente de coerción militar como herramienta explícita. Aunque Estados Unidos mantiene presencia en el Caribe, la presión sobre La Habana estaría pasando más por el colapso económico de la isla y por la promesa de alivio si se aceptan determinadas condiciones.
En esa lógica, el secretario de Estado Marco Rubio tendría un papel central. La hipótesis sostiene que Rubio estaría involucrado personalmente en conversaciones orientadas a destrabar la crisis cubana mediante una combinación de apertura económica y exigencias políticas graduales. Entre ellas aparecen la eventual liberación de presos y, sobre todo, una salida de escena de las figuras más identificadas con la continuidad del régimen.
La base de la negociación sería una especie de apertura controlada: restablecer vínculos económicos con Estados Unidos, recuperar flujos comerciales, flexibilizar restricciones de viaje y permitir el regreso masivo del turismo, los cruceros y la inversión. Para una isla cuya principal fuente de divisas ha sido históricamente el turismo, ese punto resulta decisivo. El sector está hoy prácticamente hundido, con apenas 20% de ocupación hotelera y con una caída superior al 60% en la llegada de visitantes en los últimos siete años. En paralelo, el bloqueo al petróleo y la falta de combustible profundizaron el deterioro interno y elevaron la tensión social.
En ese contexto aparecieron en los últimos días señales de protesta que, aunque todavía acotadas, encienden alertas dentro del poder. Una sentada universitaria en La Habana, cacerolazos, bloqueos de carreteras y pintadas antigubernamentales en distintas ciudades, en el marco de un tercer día de manifestaciones contra los apagones y otras carencias. El temor oficial sería que ese malestar se retroalimente y desemboque en una movilización de escala similar a la de 2021.
El análisis también parte de otro supuesto: que el poder real en Cuba no está concentrado solo en Díaz-Canel, sino en la estructura histórica del castrismo y, en particular, en el entorno familiar y político heredero de los Castro. Por eso, la exigencia de Washington no sería únicamente desplazar al actual presidente, sino retirar del centro del sistema a los apellidos que simbolizan la continuidad del modelo. Sin embargo, ese desplazamiento no implicaría necesariamente una ruptura total. Más bien, el escenario más probable sería un recambio de caras con preservación parcial de la estructura.
En ese marco aparece un nombre: Óscar Pérez Oliva Fraga, presentado como sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro. Según ese análisis, podría emerger como una figura tecnocrática, de bajo perfil y aceptable para una etapa de apertura hacia Estados Unidos. Su ventaja sería justamente esa combinación: relativa novedad pública y, al mismo tiempo, vínculos suficientes con la familia gobernante como para evitar fracturas internas.
Para Washington, una jugada de este tipo tendría varias ventajas. Le permitiría mostrar un avance político relevante en el Caribe, reducir la influencia de Rusia y China en la isla y abrir una nueva etapa económica en un mercado históricamente cerrado. Para el régimen cubano, la oferta también tendría incentivos concretos: aliviar la crisis de combustibles, recuperar el turismo, flexibilizar el comercio y reducir el riesgo de una implosión desordenada.
La gran incógnita es si eso significaría un verdadero cambio de régimen o apenas una adaptación del mismo sistema para sobrevivir. Pero hay que ser cautos en ese punto: el escenario más plausible no sería una democratización inmediata, sino una transición administrada, con nuevo discurso, nuevos rostros y una apertura económica mayor, pero sin garantía de transformación política profunda en el corto plazo.
Aun así, en una isla sumida en una crisis severa, ese giro podría modificar de manera sustancial la vida cotidiana. El restablecimiento del suministro de combustibles, la reactivación del turismo y una flexibilización comercial tendrían efectos concretos sobre una población agotada por la escasez, la inflación y los cortes de energía. La pregunta de fondo, entonces, no es solo si el castrismo puede resistir, sino cuánto está dispuesto a ceder para seguir existiendo bajo otra forma.