El Reglamento de Retornos de la Unión Europea, que permitirá crear en terceros países centros para migrantes pendientes de repatriación, superó ayer lunes su primer escollo en el Parlamento Europeo y avanzó hacia una futura aprobación en el pleno.
La norma busca acelerar y simplificar los procedimientos de retorno e incorpora además obligaciones y sanciones para las personas que deban abandonar territorio comunitario.
El texto fue aprobado en la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara gracias al apoyo de los grupos más conservadores, en especial el Partido Popular Europeo (PPE), Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Patriotas por Europa (PfE) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN).
Desde el PPE defendieron el acuerdo con la derecha y la ultraderecha para sacar adelante la propuesta. El eurodiputado francés François-Xavier Bellamy afirmó que, para proteger el derecho de asilo, es necesario garantizar que quienes reciben una negativa abandonen finalmente los países europeos. Añadió que su grupo impulsará mayorías alternativas cuando no haya coincidencia con socialdemócratas y liberales.
El jefe de la delegación de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, celebró el avance como un primer paso hacia las deportaciones y la “reemigración” que, según dijo, Europa necesita. También el sueco Charlie Weimers, de ECR, destacó que por primera vez el Parlamento está muy próximo a la posición del Consejo de la UE en esta materia.
En cambio, socialdemócratas y verdes criticaron duramente el texto. Los S&D lamentaron que reduzca de forma drástica los derechos de las personas afectadas y consideraron preocupante la alianza entre el PPE y la extrema derecha. Los Verdes denunciaron que la propuesta responde a una lógica racista y populista, y alertaron de riesgos para la dignidad y la vida de los migrantes.
Entre los puntos más polémicos figuran la posibilidad de instalar centros de retorno en el extranjero, incluso para familias con menores, prolongar las detenciones, imponer severas sanciones a quienes no cooperen y establecer prohibiciones de entrada de por vida.
España ha expresado dudas jurídicas, políticas y económicas sobre estos centros, al advertir que podrían afectar negativamente las relaciones con países socios clave en la prevención de la migración irregular.