El partido del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana (RC), anunció ayer lunes que acudirá a instancias internacionales si es necesario para revertir la suspensión cautelar que le impide participar en elecciones en Ecuador.
La presidenta del partido Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, aseguró en una rueda de prensa que agotarán todos los recursos legales, incluidas acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para revertir la suspensión cautelar que le impide participar en elecciones.
La suspensión fue dictada inicialmente por nueve meses por un juez del Tribunal Contencioso Electoral, a pedido del fiscal general encargado, Leonardo Alarcón. La medida se da en medio de una investigación por presunto lavado de dinero, bajo la sospecha de que el movimiento financió la campaña electoral del 2023 con fondos no declarados procedentes de Venezuela.
Rivadeneira sostuvo que la resolución carece de sustento jurídico y dijo que terminará anulándose. Afirmó además que el partido no ha sido notificado formalmente de estar implicado en la investigación, por lo que insistió en que Revolución Ciudadana participará en los comicios locales del 2027.
El abogado del movimiento, Gabriel Rivera, coincidió en que la organización no ha sido notificada como tal, sino solo algunos de sus integrantes.
El correísmo denunció una persecución política por parte del gobierno de Daniel Noboa. Correa, quien reside en Bélgica con estatus de refugiado tras una condena de ocho años por cohecho, advirtió que el oficialismo busca proscribir a su partido y excluirlo de la disputa electoral.
En el caso conocido como “Caja chica”, la Fiscalía investiga a dirigentes correístas por una supuesta financiación oculta desde Venezuela a la campaña del 2023, en la que Noboa venció a Luisa González. Entre los indicios figura el testimonio de Santiago Díaz, exmiembro del movimiento expulsado tras ser acusado de violación, quien dijo haber trasladado dinero desde Venezuela por orden de Correa.
La Fiscalía allanó la vivienda de González y la sede del partido en Quito. Noboa afirmó que la investigación apunta a un presunto financiamiento ilegal vinculado al narcotráfico y mencionó supuestos nexos con grupos terroristas internacionales.