La Tribuna. La reforma laboral impulsada por Javier Milei entró en zona de máxima tensión por un artículo que cambia las reglas de las licencias por enfermedad “inculpable” (no vinculada al trabajo). Tras la aprobación del proyecto en el Senado en la madrugada del jueves 12 de febrero del 2026, el oficialismo quedó entre las críticas por posible pérdida de derechos y el pedido de herramientas para bajar el ausentismo y la litigiosidad.
El foco está en la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. En el régimen vigente, un empleado que se enferma o sufre un accidente fuera del trabajo cobra el 100% del salario por tres meses si tiene menos de cinco años de antigüedad, o por seis meses si supera ese plazo; con cargas de familia, esos períodos se duplican. El texto aprobado en lo general por la Cámara Alta elimina el pago íntegro y habilita una compensación de entre 50% y 75% según la responsabilidad atribuida al trabajador. Si la dolencia se considera consecuencia de un “acto voluntario o acción de riesgo” contra su propia salud, el haber se reduciría al 50%.
La redacción desató críticas por su ambigüedad y por “abrir la puerta” a recortes incluso en enfermedades graves. En el debate público también se recordó que, durante la votación en el Senado, el texto final se distribuyó minutos antes, alimentando el desconcierto parlamentario.
Con Diputados aún por tratar el proyecto, el Gobierno salió a moderar el impacto. El domingo 15 de febrero, la senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) afirmó que el oficialismo trabaja una modificación para “enfermedades severas, degenerativas, irrecuperables” con el objetivo de sostener el 100% del salario en esos casos, pero “solo en caso de verificación de casos fehacientes”. A la vez, defendió el recorte para licencias prolongadas asociadas a situaciones recreativas ajenas al trabajo y lo vinculó a la supuesta “mafia” de certificados médicos, a la que atribuyó un 15% del absentismo laboral. El proyecto prevé juntas médicas con profesionales de hospitales públicos o establecimientos privados “de reconocida trayectoria” para certificar licencias largas.
La discusión no se limita a licencias. El paquete aprobado contempla 28 modificaciones y reordena el régimen laboral en cuatro ejes: jornada y vacaciones, indemnizaciones y licencias, huelga y representación sindical y convenios colectivos. Entre los cambios, se habilitarían jornadas de hasta 12 horas diarias si se respeta un descanso semanal de 35 horas corridas y se incorporaría un “banco de horas” para compensar tiempo extra con francos, siempre por acuerdo escrito. También se permitiría fraccionar vacaciones en tramos de al menos siete días, en cualquier momento del año, con consentimiento.
En indemnizaciones, se mantiene la regla de un salario por año trabajado sobre la mejor remuneración mensual del último año, pero se excluyen del cálculo aguinaldo, vacaciones no gozadas y bonificaciones no mensuales. Ante un litigio, el empleador podría pagar en cuotas: hasta seis meses para grandes empresas y hasta 12 para pymes.
En paralelo, la CGT anunció una huelga general de 24 horas para esta semana, buscando que coincida con el inicio del tratamiento en Diputados. La central reúne a más de 6 millones de trabajadores en 34 federaciones y 62 regionales. El paro no tendría movilización, luego de que una protesta previa en Buenos Aires terminara con al menos 10 heridos, 37 detenidos y daños estimados en cerca de 270 millones de pesos.
El oficialismo sostiene que el objetivo es reducir la informalidad, que ronda el 43%. Los críticos advierten que la reforma es regresiva y cuestionan la ampliación de “servicios esenciales” (con obligación de garantizar 75% de prestaciones) y la creación de “servicios de importancia trascendental” (con piso de 50% en huelgas).
Ahora, la negociación gira sobre cómo corregir el artículo de licencias sin abrir una “ventana” para nuevas exigencias de otros bloques. En el Congreso circulan dos rutas: una ley corta de un artículo que aclare el alcance y preserve el 100% en enfermedades graves, o una reglamentación que intente cerrar la interpretación más dura. La cuenta regresiva política apunta al 1 de marzo, cuando se abren las sesiones ordinarias y Milei planea su mensaje ante la Asamblea Legislativa.
