El director de establecimientos penitenciarios, Rubén Peña, brindó detalles alarmantes sobre la intervención en la cárcel de Pedro Juan Caballero. Según explicó en La tribu 650 AM, la operación policial se desató tras la desaparición de cinco armas de fuego de la institución. No obstante, las requisas en los pabellones del Primer Comando Capital y el clan Rotella solo hallaron drogas, alcohol y armas blancas. Peña admitió que, desafortunadamente, las armas sustraídas aún no fueron localizadas y podrían seguir dentro del recinto.
La gravedad de la situación forzó el nombramiento del abogado Cristian Ortiz Claverol como interventor por 30 días. Por su parte, el director saliente, Adán González, quedó separado y a disposición de la Dirección General. Peña reconoció que los controles fallaron de manera estrepitosa por culpa de la corrupción interna. Además, recordó que Pedro Juan Caballero es una zona roja donde, en menos de un año, ya cambiaron cuatro directores debido a la inseguridad y la falta de garantías.
El fracaso de la tecnología y la burla de los grupos criminales
Durante la entrevista, el funcionario reveló una realidad tecnológica vergonzosa para el sistema. Si bien las tres cárceles nuevas tienen equipos de punta, los otros 17 penales operan con cámaras antiguas y sistemas obsoletos. Muchos de estos equipos fueron destruidos en motines pasados y nunca se repusieron adecuadamente. En consecuencia, el Ministerio de Justicia solicitó un sistema tercerizado de escáneres e inhibidores de señales para intentar frenar el ingreso de celulares y encomiendas con sustancias ilegales.
Peña también admitió que los grupos criminales se burlan de la seguridad estatal utilizando tecnología superior, como el vuelo de drones sobre las instalaciones. Por otro lado, la crisis ética de los agentes penitenciarios es tan profunda que incluso en pabellones de máxima seguridad se han registrado liberaciones disfrazadas de fugas. Para combatir esto, se inició un proceso de capacitación con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el director reconoció que el poder económico de los clanes sigue siendo el principal motor de la corrupción en las cárceles paraguayas.
Un sistema en emergencia permanente
El Ministerio de Justicia cumple su cuarto año consecutivo bajo emergencia penitenciaria, lo que evidencia un problema estructural de larga data. Peña coincidió con los reclamos de la ciudadanía sobre la pésima gestión de administradores anteriores, quienes permitían festejos infantiles y el ingreso de mujeres a los penales. A pesar de que ahora se busca mejorar los perfiles de ingreso, el proceso es lento debido a las restricciones presupuestarias y al tiempo que lleva formar personal disciplinado.
Finalmente, el director señaló que la lucha es permanente y desigual contra el crimen organizado en el norte del país. Los atentados contra directivos y las amenazas constantes marcan un escenario donde el Estado intenta recuperar el control. La prioridad inmediata, según concluyó en La tribu 650 AM, es agotar los medios para encontrar las armas desaparecidas antes de que sean utilizadas en nuevos hechos de violencia fuera o dentro de la penitenciaría.