Expulsan del país a cinco extranjeros tras violento episodio en Horqueta

Por orden judicial y a pedido del Ministerio Público, cinco ciudadanos extranjeros serán expulsados del territorio paraguayo luego de verse involucrados en un hecho de violencia registrado días atrás en la ciudad de Horqueta, departamento de Concepción.

Un juzgado de Garantías dispuso la expulsión del país de cinco ciudadanos extranjeros implicados en un episodio de violencia ocurrido recientemente en la ciudad de Horqueta, al norte del país.

La medida fue ordenada por la jueza de Garantías Ondina Cabral, tras un pedido formal presentado por el fiscal Joel González, quien tuvo a su cargo la investigación del caso.

Como parte del procedimiento, los involucrados fueron trasladados hasta el puesto de control de la Dirección General de Migraciones, ubicado en el Puente Internacional de la Amistad, en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

En dicho lugar se llevan adelante los trámites administrativos correspondientes para concretar su salida obligatoria del territorio paraguayo, conforme a lo establecido por la normativa migratoria vigente.

Entre los expulsados se encuentra el ciudadano venezolano Luis Eduardo González Zalazar, de 35 años, señalado como el presunto autor de una violenta agresión física registrada durante el altercado.

La víctima del ataque fue identificada como Jordan Antonio Erazul Isapata, de 33 años, de nacionalidad chilena, quien también fue incluido en la medida de expulsión dispuesta por la Justicia.

Según las autoridades, la decisión se tomó atendiendo a la gravedad del hecho y a la necesidad de preservar el orden y la seguridad pública en la zona.

Asimismo, fueron expulsadas Jennifer Cecilia Matute Olua, de 28 años, de nacionalidad venezolana; Luis Ignacio Ramos González, de 39 años, argentino; y Marcelo Fernández Sánchez, de 29 años, también argentino.

Todos ellos habrían participado, en distintos grados, del episodio de violencia que generó preocupación entre los vecinos de la comunidad horqueteña.

Desde el Ministerio Público señalaron que la expulsión no sustituye eventuales responsabilidades penales, sino que responde a una medida administrativa avalada por el Poder Judicial.

Las autoridades migratorias confirmaron que el procedimiento se desarrolló bajo estrictos protocolos legales, garantizando los derechos básicos de los involucrados durante el traslado.