Un reciente fallo judicial que ratificó el rechazo de matrícula a unos hermanos adolescentes con trastorno del espectro autista (TEA) reavivó el debate sobre la discriminación en el sistema educativo. Desde la Asociación Esperanza para el Autismo (EPA) advierten que, pese a las leyes vigentes, muchas instituciones siguen vulnerando derechos.
El reciente fallo de un Tribunal de Apelación que ratificó el rechazo del amparo presentado por padres de un adolescente con trastorno del espectro autista (TEA) y su hermana, luego de que un colegio privado negara la matriculación de ambos, volvió a poner en el tapete una problemática que persiste en el sistema educativo paraguayo: la discriminación hacia niños y adolescentes con autismo.
El caso fue denunciado como un acto discriminatorio y generó la reacción de organizaciones de la sociedad civil, que expresaron su preocupación por la decisión judicial y recordaron que tanto la Constitución Nacional como la Ley de Educación Inclusiva garantizan el derecho a educarse sin discriminación.
Nubia Capurro, presidenta de la Asociación Esperanza para el Autismo (EPA) y madre de un adolescente de 14 años con TEA nivel 1, analizó el caso en conversación con La Tribuna. Describió como doloroso el peregrinar de familias cuyos hijos son rechazados por instituciones educativas únicamente por contar con un diagnóstico del espectro autista.
Disfrazan verdadero motivo del rechazo
Capurro señaló que, en muchos casos, los niños ni siquiera llegan a una entrevista de admisión. En otros, la exclusión se presenta de manera encubierta, como ocurrió en el caso que fue noticia, en el que el colegio les comunicó a los padres que no les renovarán la matrícula ni al adolescente con autismo ni a su hermana. Con esto, intentaron disfrazar la verdadera intención, diciendo que el autismo no era el motivo por el que lo rechazaban.
“Hablan de derecho de admisión como si se tratara de un club social y no de una institución educativa”, remarcó Nubia. Añadió que la situación resulta aún más grave cuando el estudiante ya formaba parte del colegio y le faltaba solo un año para culminar la secundaria, truncando un largo proceso construido con esfuerzo.
“La familia queda absolutamente desamparada cuando incluso las máximas instancias de la justicia terminan protegiendo los intereses de la institución por encima del derecho del niño”, afirmó la presidenta de EPA.
Paraguay tiene leyes que respaldan, pero no se aplican
Desde el punto de vista legal, Capurro recordó que Paraguay cuenta con un marco normativo claro. La Ley 5.378/13 de Educación Inclusiva y la Ley 6.103/18 de Autismo establecen la obligación de garantizar que niños y adolescentes accedan a una educación de calidad. A esto se suma el Decreto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), emitido en diciembre de 2025, que crea el Plan Nacional de Atención Educativa a Estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (Planatea).
Las leyes son de aplicación obligatoria para todas las instituciones educativas, sean públicas, privadas o subvencionadas. Sin embargo, Capurro denunció que muchos colegios privados se consideran exentos de cumplirlas. “Se olvidan de que somos las familias las que terminamos financiando la inclusión, pagando maestras de apoyo y materiales especiales, mientras las escuelas se niegan a realizar adecuaciones que corresponden por derecho”, explicó.
Rechazos en instituciones deben ser denunciados
La entrevistada aclaró que las instituciones no pueden alegar falta de cupo, y ante casos de rechazo instó a los padres a hacer su denuncia ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a la Dirección General de Educación Inclusiva o al correo inclusiva@mec.gov.py.
Nubia Capurro hizo un llamado a los colegios y escuelas a erradicar prácticas discriminatorias que derivan en deserción escolar, especialmente a partir del séptimo grado, donde muchos jóvenes con TEA quedan fuera del sistema educativo.
