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Base de datos incluirá a personas sancionadas por crueldad animal

El Registro Nacional de Agresores de Animales ya está en marcha y marcará un antes y un después en la lucha contra el maltrato en Paraguay. No será p…

| Por La Tribuna
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El sistema prevé accesos diferenciados para actores clave del bienestar animal. Hospitales veterinarios, refugios y asociaciones protectoras podrán solicitar acceso controlado al registro, principalmente para procesos de adopción, rescate o atención.

El Registro Nacional de Agresores de Animales ya está en marcha y marcará un antes y un después en la lucha contra el maltrato en Paraguay. No será público, pero sí operativo, ya que incluirá a personas condenadas o sancionadas por crueldad.


Paraguay dio un paso inédito en materia de protección animal con la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Agresores de Animales (Ragan), una herramienta que busca eliminar la reincidencia en casos de maltrato y crueldad. Quien dañó a un animal y fue condenado o sancionado no podrá volver a tener uno bajo su responsabilidad sin que el Estado y las organizaciones lo sepan.

El director nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, Héctor Rubín, explicó que el registro no apunta a la exposición pública, sino al control efectivo. “Muchas veces los casos quedan dispersos: algunos llegan a la Justicia, otros se resuelven administrativamente. El Ragan unifica esa información y permite actuar antes de que el daño se repita”, señaló.

La inscripción en el registro no será arbitraria, ya que incluirá únicamente a personas con antecedentes formales por hechos graves. En primer lugar, a quienes hayan sido condenados mediante sentencia firme por delitos tipificados en la Ley N.º 7.513, que regula el maltrato y la crueldad hacia los animales. También entrarán quienes cuenten con resoluciones administrativas sancionatorias por faltas consideradas muy graves, aun cuando no exista una condena penal.

Según Rubín, se trata de conductas que exceden ampliamente una infracción leve. “Hablamos de maltrato físico injustificado, mutilaciones, envenenamientos, abandono, lesiones graves o muerte del animal. Hechos donde hay sufrimiento severo y probado”, precisó.

El Ragan incluirá tanto sentencias judiciales como resoluciones administrativas firmes. En el ámbito penal, se incorporarán los casos de maltrato animal sancionados con multa o prisión, así como los de crueldad cuando exista daño grave o muerte. En paralelo, las sanciones administrativas por faltas muy graves, resueltas tras sumarios formales, también habilitarán la inscripción, sin necesidad de que el caso haya llegado a un juzgado.

El acceso no será abierto al público y la información se manejará de forma interna y con controles estrictos. La consulta completa estará habilitada para la Policía Nacional y para la propia Dirección Nacional de Defensa Animal, siempre bajo pedidos debidamente fundamentados.

Además, el sistema prevé accesos diferenciados para actores clave del bienestar animal. Hospitales veterinarios, refugios y asociaciones protectoras podrán solicitar acceso controlado al registro, principalmente para procesos de adopción, rescate o atención. “La idea es evitar que un animal vuelva a manos de alguien con historial documentado de crueldad”, explicó Rubín.

La coordinación interinstitucional es otro de los ejes del Ragan. La Policía contará con la herramienta para el seguimiento de agresores y casos activos, mientras que Defensa Animal podrá articular operativos de rescate y protección cuando exista riesgo inminente. Las organizaciones civiles, por su parte, podrán cruzar datos de adoptantes o responsables antes de entregar un animal.

“El objetivo es cero reincidencia. Con información, control y coordinación, defendemos la vida de quienes no tienen voz”, finalizó Rubín.

Incluirá únicamente a personas con antecedentes formales por hechos graves de maltrato animal.También a los que cuenten con resoluciones administrativas sancionatorias por faltas consideradasmuy graves, aun cuando no exista una condena penal.
Incluirá únicamente a personas con antecedentes formales por hechos graves de maltrato animal.También a los que cuenten con resoluciones administrativas sancionatorias por faltas consideradasmuy graves, aun cuando no exista una condena penal.

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