A diez años de la Ley 5.777/16, la orfandad emerge como la herida más profunda y duradera de la violencia extrema. Mientras las cifras de asesinatos de mujeres siguen marcando cada año una historia, cientos de niñas, niños y adolescentes crecieron sin sus madres.
Cuando se habla de feminicidio, generalmente el foco cae directamente en la víctima y en el crimen que interrumpió su vida, pero la historia continúa. La ausencia y el desamparo recaen en los menores. Desde el año 2017 al 2025 se contabilizan 563 hijos que quedaron huérfanos, según el Observatorio del Ministerio Público.
De cada diez huérfanos, seis eran niñas, niños o adolescentes al momento del crimen. En total, 374 menores perdieron a su madre en contextos de violencia extrema, lo que representa el 66% del total. Otros 170 hijos eran mayores de edad. Algunos de aquellos niños hoy ya son adultos, pero cargan con una marca que no se borra con el paso del tiempo.
Este escenario se expone justo cuando se cumplen diez años de la promulgación de la Ley N.º 5.777/16, que estableció un marco de protección integral para las mujeres frente a toda forma de violencia. A una década de su vigencia, los datos muestran que el impacto del feminicidio trasciende la estadística penal y se instala en la vida cotidiana de familias fragmentadas.
En muchos casos, la tragedia se duplica
Hay casos en los que el padre de los niños termina en prisión o se autoelimina, dejando a los hijos sin referentes parentales. Frente a esta realidad, desde 2024 rige una ley específica que reconoce a estos niños como víctimas colaterales y les habilita una pensión económica. El proceso judicial, sin embargo, no es automático, ya que intervienen juzgados, defensorías y organismos de protección para definir custodias, medidas de cuidado y el acceso efectivo a la asistencia.
Entre 2017 y 2025 se registraron 354 mujeres asesinadas por razones de género en el país. La mayoría tenía entre 30 y 59 años, una franja etaria activa, muchas veces asociada a la crianza de hijos. Otras 125 víctimas tenían entre 18 y 29 años; 22 eran menores de edad y 22 superaban los 60.
En la gran mayoría de los casos, el agresor no fue un desconocido. Las parejas convivientes encabezaron el listado con 174 hechos, seguidas por exparejas, responsables de 90 asesinatos. Celos, rupturas recientes y la negativa a aceptar el fin de la relación aparecen de forma reiterada como detonantes. En menor proporción, los feminicidios fueron cometidos por familiares, novios, parejas ocasionales o personas sin vínculo previo.
El mapa de la violencia muestra una fuerte concentración territorial, ya que cinco departamentos, Central, Alto Paraná, Amambay, San Pedro y Caaguazú, acumulan más del 60% de los casos registrados en el periodo analizado.
El patrón se distribuye a lo largo de la semana, llegando a picos los días domingo, esto se repite mes tras mes. Las armas blancas y de fuego fueron los medios más utilizados, aunque una parte significativa de los asesinatos se cometió sin armas convencionales, lo que evidencia la brutalidad de muchos hechos. Detrás de cada modalidad aparecen factores de riesgo conocidos, como la dependencia económica o emocional, consumo de alcohol o drogas, antecedentes de violencia, denuncias previas y contextos de vulnerabilidad.
Diez años después de la Ley 5.777, el feminicidio sigue dejando víctimas que crecen entre procesos judiciales, mudanzas forzadas y duelos inconclusos, redefiniendo para siempre la vida de quienes quedan.
