El obispo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, monseñor Miguel Fritz, advirtió sobre una situación de extrema violencia contra la comunidad indígena Karapá, en el departamento de Canindeyú, que calificó como una amenaza de etnocidio. El religioso solicitó la intervención urgente del Ministerio Público y de las fuerzas de seguridad.
El obispo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, monseñor Miguel Fritz, respaldó públicamente la denuncia realizada por el líder indígena Gildo Romero, representante de la comunidad Karapá, asentada en la localidad de Ypehú, departamento de Canindeyú, ante una serie de hechos violentos que afectan a sus integrantes.
Según expresó el prelado, la comunidad estaría siendo víctima de constantes actos de intimidación y violencia extrema, situación que, a su criterio, configura una grave amenaza de etnocidio debido al impacto directo sobre la integridad física, cultural y territorial del pueblo indígena.
Monseñor Fritz sostuvo que los hechos denunciados no son recientes ni aislados, sino que se repiten desde hace tiempo sin que se haya logrado una respuesta efectiva de las autoridades competentes, lo que agrava el escenario de vulnerabilidad de la comunidad afectada.
Entre las situaciones señaladas, el obispo mencionó atropellos reiterados, amedrentamientos, uso indiscriminado de armas de fuego, quema de viviendas precarias y detenciones que calificó como irregulares, perpetradas presuntamente por grupos armados.
De acuerdo con la denuncia, estas personas armadas actuarían bajo contratación del propietario de una estancia ubicada en la zona, extremo que aún debe ser verificado por las instancias judiciales correspondientes.
El religioso advirtió que la presencia de decenas de individuos armados genera un clima de terror permanente entre las familias indígenas, afectando no solo su seguridad, sino también su derecho a permanecer en el territorio que habitan ancestralmente.
Fritz expresó además su respaldo al informe presentado por la fiscala de Asuntos Étnicos, Dora Penayo, en el que se detallan los hechos denunciados y se solicita la adopción de medidas urgentes para garantizar la protección de la comunidad Karapá.
En la misma línea, el obispo acompañó el pronunciamiento público emitido por la Diócesis de Canindeyú, que insta al Estado a cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales en materia de derechos de los pueblos indígenas.
El prelado enfatizó que la gravedad de la situación se ve incrementada por la ubicación geográfica del conflicto, al tratarse de una zona comprendida dentro de la franja de seguridad nacional, lo que requiere un control estatal más riguroso.
Ante este escenario, monseñor Fritz exigió la intervención inmediata del Ministerio Público y de las fuerzas del orden, a fin de investigar los hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de la comunidad afectada.
Asimismo, recordó que Paraguay es signatario de convenios internacionales que obligan al Estado a proteger a los pueblos indígenas frente a cualquier forma de violencia, desplazamiento forzado o vulneración de sus derechos fundamentales.
Finalmente, el obispo reiteró su llamado a las autoridades para que actúen con urgencia y responsabilidad, advirtiendo que la falta de respuestas concretas podría derivar en consecuencias irreversibles para la comunidad Karapá y para el Estado de derecho.