Promulgan la Ley MAFE y oficializan un sistema nacional de alerta para personas desaparecidas

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley MAFE, que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y establece un mecanismo de alerta inmediata. La norma surge tras el crimen de María Fernanda Benítez y busca corregir falencias históricas en la respuesta estatal ante denuncias de desaparición.

 El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó este lunes la ley que instituye el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el sistema de alerta conocido como Ley MAFE, denominado así en memoria de María Fernanda Benítez, joven víctima de feminicidio en Coronel Oviedo.

Con la promulgación, el Estado incorpora un marco legal que apunta a fortalecer la protección de la vida, la integridad y los derechos, especialmente de niños, niñas y adolescentes, uno de los sectores más vulnerables ante situaciones de desaparición.

La iniciativa había sido aprobada y sancionada por la Cámara de Diputados el pasado 25 de noviembre, luego de un proceso legislativo marcado por el impacto social del caso y la presión ciudadana para contar con un sistema de respuesta más eficaz.

Durante el tratamiento parlamentario, Diputados analizó las modificaciones introducidas por el Senado, que incluyeron ajustes en la coordinación con la Policía Nacional, la ampliación de atribuciones al Ministerio Público y la articulación con el sistema de emergencias 911.

Estas modificaciones fueron expuestas en el pleno por la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, quien detalló los alcances operativos y financieros incorporados a la normativa.

El debate no estuvo exento de cuestionamientos. El actuar tardío de las autoridades de seguridad en el caso que dio origen a la ley fue duramente criticado, evidenciando debilidades en los protocolos vigentes hasta ahora.

A esto se sumó el antecedente de 2024, cuando legisladores del oficialismo habían rechazado un proyecto similar alegando falta de recursos, argumento que fue nuevamente puesto en discusión durante el análisis de la Ley MAFE.

La norma establece como uno de sus ejes centrales la creación de un registro público y gratuito, aunque de acceso restringido, en el que se concentrará información personal y el historial de actuaciones realizadas por las fuerzas policiales y de investigación.

El Registro Nacional permitirá sistematizar los datos bajo criterios de confidencialidad, protección de datos personales y acceso a la información pública, buscando evitar la dispersión de información que hasta ahora dificultaba las búsquedas.

En paralelo, la Alerta MAFE, inspirada en modelos internacionales como la Alerta Amber, habilitará la difusión inmediata de avisos a nivel nacional mediante medios de comunicación, plataformas digitales y servicios de telefonía, con apoyo del sector público y privado.

Entre los cambios más relevantes, la ley dispone que, desde el momento en que se formalice una denuncia, la Policía Nacional y el Ministerio Público deberán intervenir sin demoras y activar de forma obligatoria el protocolo de búsqueda.

Finalmente, la normativa incorpora la capacitación obligatoria de todo el personal policial, una medida que apunta a mejorar la reacción institucional y evitar que la falta de preparación vuelva a traducirse en demoras con consecuencias irreversibles.