La Asociación Pro Cordillera San Rafael (Pro Cosara) advierte que la Reserva para Parque Nacional San Rafael, Tekoha Guasu, atraviesa un proceso acelerado de degradación debido a la deforestación, las invasiones y diversas actividades ilícitas. La organización solicita medidas urgentes y el estricto cumplimiento de las leyes ambientales para proteger este territorio clave.
El Consejo Directivo de Pro Cosara expresó su profunda preocupación por el deterioro creciente de la reserva, difundiendo un comunicado dirigido al país y a la comunidad internacional para visibilizar la seriedad de la situación.
La organización recuerda que, al ser declarada reserva para Parque Nacional en 1992, el área contaba con aproximadamente 78.000 hectáreas distribuidas entre los departamentos de Itapúa y Caazapá. Este territorio fue identificado como uno de los últimos refugios importantes del Bosque Atlántico del Alto Paraná.
Pérdida de bosque y amenazas críticas
Con el paso de los años, la superficie se redujo a cerca de 72.489 hectáreas. La zona incluye el emblemático Cerro San Rafael, considerado históricamente un núcleo de biodiversidad excepcional y un ecosistema de gran relevancia ecológica.
Sin embargo, Pro Cosara señala que esta riqueza natural enfrenta hoy un fuerte desgaste. La propagación de incendios, el cambio de uso del suelo, la deforestación acelerada, las ocupaciones irregulares y otras actividades ilegales han fragmentado el bosque, disminuyendo de forma crítica la cobertura boscosa.
El comunicado también destaca la importancia global de San Rafael, especialmente en un contexto donde Paraguay reafirma compromisos internacionales de conservación. La situación en el terreno representa un desafío para la protección de los ecosistemas del país.
Impacto social y llamado a la acción
La pérdida de bosques afecta directamente a la biodiversidad del área, reconocida por su variada avifauna y especies en riesgo. Asimismo, impacta en propiedades privadas dedicadas a la conservación, cuyos propietarios enfrentan invasiones y delitos ambientales.
Las comunidades locales e indígenas también sufren las consecuencias, ya que su bienestar, economía y cultura dependen de la integridad de este territorio. La fragmentación del bosque compromete no solo el entorno natural, sino también su forma de vida.
Pro Cosara subraya que lleva décadas desarrollando tareas de monitoreo, educación ambiental, restauración y articulación con diversos sectores. A pesar de estos esfuerzos, el avance de las amenazas aumenta la complejidad del escenario.
Ante este panorama, el Consejo Directivo solicita el pleno cumplimiento de la Constitución, la Ley de Áreas Silvestres Protegidas, la Ley de Deforestación Cero y los compromisos ambientales internacionales, sumado a la implementación de acciones coordinadas que permitan detener la destrucción del bosque. Finalmente, la organización hace un llamado a la cooperación internacional, a la comunidad científica, a organizaciones civiles, al sector privado y a la ciudadanía para acompañar esta causa. Señalan que lo que está en juego incluye aspectos forestales, hídricos, climáticos, culturales y el bienestar de las futuras generaciones. Reafirman su compromiso con la defensa del área, aunque enfatizan que no pueden sostener esta labor en soledad.
