Debido a esto, los vecinos atraviesan dificultades para acceder a sus lugares de trabajo, universidades y centros de salud. “Hoy el barrio está totalmente abandonado porque ahí hay universitarios, gente que trabaja y mantiene su familia, y ciudadanos que necesitan hacer gestiones en el centro por salud. Hay mucha necesidad de transporte para mejorar la calidad de vida en la zona”, señaló la concejala Rosana Rolón en comunicación con nuestro medio.
Los factores que influyen en esta problemática se relacionan directamente con la retirada de la empresa de colectivos número 16 y otras líneas históricas, el incumplimiento de frecuencias y problemas estructurales del sistema de subsidios. La solución planteada por la Comisión de Tránsito, consistente en aumentar el pasaje en 600 guaraníes, ha sido cuestionada por la propia empresa concesionaria, que aseguró que el incremento no resolvería la problemática.
Ante este escenario, presentaron un proyecto de ordenanza que propone un régimen excepcional y temporal para el tránsito libre de vehículos de pasajeros, con carácter urgente. La iniciativa contempla la utilización transitoria de los buses eléctricos donados por la embajada de Taiwán, actualmente sin uso, para atender la demanda de transporte en los barrios afectados. “Tenemos colectivos donados por Taiwán que están parados. ¿Por qué no usar estos vehículos para casos extraordinarios?”, cuestiona Rolón.
El objetivo, explica, es garantizar el acceso inmediato al transporte público sin vulnerar la legalidad ni interferir con los procesos de licitación para empresas concesionarias. “Esto tiene carácter de excepcionalidad. No significa que sea ilegal, sino una medida provisoria hasta que se solucione el problema del tránsito”, enfatizó la edil.
Utilización de plataformas no es una opción por costos
Las familias enfrentan costos elevados al depender de plataformas de transporte privado, que pueden cobrar entre 30.000 y 50.000 guaraníes por trayectos habituales, cifra que supera ampliamente el ingreso de quienes perciben el salario mínimo, comenta la concejala. A ello se suma la amenaza de la continuidad educativa de los jóvenes y el acceso a servicios de salud esenciales. “Más de 50 o 60 niños pueden quedar sin atención adecuada por la imposibilidad de trasladarse a centros sanitarios”, advirtió Rolón.
La Municipalidad de Asunción, en coordinación con el Viceministerio de Transporte, ha desarrollado reuniones interinstitucionales con vecinos y organizaciones civiles para analizar alternativas y buscar soluciones de contingencia. Sin embargo, los procesos legislativos y la demora en la implementación de medidas de fondo mantienen a la población en una situación de vulnerabilidad.
“La ciudad de Asunción ofrece servicios sanitarios, educativos y administrativos centrales, pero si la gente no puede trasladarse, todo esto pierde sentido. La movilidad no puede esperar mientras se resuelven los conflictos de las empresas”, concluyó la concejala Rolón, destacando la urgencia de medidas concretas frente a una crisis que afecta directamente a la ciudadanía.
