A escasas cuadras del microcentro de una capital que intenta ser moderna, habitan personas que luchan cada día por obtener algo que la mayoría da por sentado: el vital líquido. Aunque es un derecho inherente del ser humano, para los pobladores del barrio Caacupemí, dentro de la reserva San Miguel, no es tan sencillo como abrir la canilla.
TEXTO
El sol del mediodía está más intenso que de costumbre y los chicos deben bañarse para ir a la escuela, pero en la casa de Norma Benítez, en el barrio Caacupemí, ubicado dentro de la Reserva Ecológica Banco San Miguel, este verano no hay agua ni siquiera para tomar.
Actos tan simples como abrir la canilla y refrescarse la cara, encender la lavarropas o prepararse un tereré helado, son considerados verdaderos lujos para quienes habitan este barrio camino al Mbigua, que permanece aislado de los insumos más básicos para una vida digna.
El servicio normal que proporciona la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) a toda el Área Metropolitana, en el barrio Caacupemí no es ni normal, ni suficiente, ni digno.
Las redes de distribución que se instalaron en un tiempo muy lejano quedaron desfasadas, y por más intentos que los vecinos hagan por autogestionarse mediante tanques particulares, nada funciona si las arcaicas cañerías principales no dejan pasar el vital líquido.
Desde hace décadas, la población sobrevive en medio de esta problemática que no solo tiene que ver con el agua, sino que abarca otras carencias, como la falta de energía eléctrica legal o la imposibilidad de tener internet vía wifi.
“Estamos dispuestos a pagar lo que cobran”
Llamativamente, las autoridades no son tan rápidas cuando se trata de responder a los históricos pedidos que han hecho desde la comisión vecinal, para tener, algún día, el derecho humano al agua corriente.
“Lo que necesitamos que entiendan es que nosotros estamos dispuestos a pagar lo que cobran por un servicio residencial de agua potable. Con lo que gastamos en comprar tambores, podemos asumir ese gasto; necesitamos y nuestros hijos tienen derecho a que el agua sea algo que no les falte”, expresó Norma Benítez.
En todos estos años, se las ingeniaron de mil maneras para sobrevivir a esta carencia. Mediante contribuciones de las familias, llegaron a montar un tanque de 10.000 litros en el predio de la Escuela Caacupemí. De esta forma, lograron que los chicos tengan agua, y de paso los vecinos puedan proveerse a través de caños que instalaron. En este barrio aislado a pasos del centro de Asunción, compartir es la única forma de sobrevivir.
Incluso estudiar tiene obstáculos en este barrio. Los 230 chicos que estudian en la escuela Caacupemí desde el Jardín hasta el 9° Grado, deben ingeniárselas para hacer trabajos prácticos, pues sus padres no pueden instalar un servicio de wifi, debido a que las empresas de telecomunicaciones se niegan a prestar el servicio en la zona, en la que para el Mades es ilegal vivir.
Selva Miranda, directora del único centro educativo del barrio, que funciona en la zona desde hace 25 años, contó que hubo un tiempo en que pagaban mes a mes a la Essap por un servicio que no tenían.
Cansados de esta situación, decidieron poner manos a la obra e invirtieron 32 millones en la construcción de un pozo artesiano con motor, del que se proveen.
Además disponen de un tanque de 10.000 litros para abastecer las cisternas y al menos en las horas en que los chicos dan clases. Un tercer respaldo con el que cuentan es el sistema de agua lluvia, que consiste en juntar la mayor cantidad de agua que pueden en cada precipitación, y usarla para la limpieza.
Para el consumo de los niños, la directora compra bidones de agua mineral mediante colaboraciones de los padres.
“Ahora conseguimos otras alternativas, pero fueron años de pasarla muy mal. Igualmente, acá hace falta una solución integral, una renovación del sistema de saneamiento que permita que el agua pase por las cañerías”, explicó la docente.
“Pagamos G. 15.000 por cada tambor”
Cinthia Domínguez, otra vecina, no corrió con la misma suerte en la cooperación que se hizo para distribuir el agua en la comunidad. Como su casa está un poco retirada, no había forma de que le llegue ni siquiera usando caños.
Por tanto, subsiste a la vieja usanza, comprando tambores de un carritero que le provee una vez a la semana.
“No nos cobran por el agua, pero sí por el servicio de traerla hasta acá. Pagamos G. 15.000 por cada tambor; yo compro tres, pero no me alcanza para una semana. Tengo algunas técnicas para ahorrar y reutilizar, relata Cinthia, quien nos describe cómo junta el agua jabonosa que sale del lavarropas para usarla en el sanitario y en la higiene.
Increíblemente, toda esta población paga aproximadamente G. 30.000 de “tarifa social” a la aguatera estatal, por un servicio que no funciona.
La pobladora describe las condiciones de vida en las que viven como infrahumanas, y recuerda a las autoridades que si permanecen allí, es porque en esas tierras nacieron, y no tienen posibilidades de ir a otro lugar.
“¿Ustedes creen que si pudiera vivir mejor seguiría acá? Me hubiera ido hace rato. Nos dicen que estamos en una reserva natural, que construir una pieza más, que progresar está prohibido. Lo que ellos no saben es que nuestros padres vivieron acá mucho antes de que ellos decidieran que esto es una reserva”, sentenció.
Essap solo tiene 24 clientes registrados
Betharram Torres, directora de planificación comercial de la Essap, explicó que solo tienen catastrados 24 usuarios que reciben el servicio estatal, pero no pagan por el servicio, sino que tienen un nivel de morosidad de al menos G. 70 millones acumulados en los últimos años. Según la funcionaria, ni siquiera la escuela local paga la tarifa social que se estableció, pero en la zona es muy difícil ingresar a realizar cortes, porque los vecinos no lo permiten.
Reconoció que el sistema de cañerías es obsoleto, pero señaló que para poder realizar una renovación de la red, es necesario que los usuarios paguen regularmente, y realizar un censo para saber qué cantidad de gente es la que necesita formalizarse como cliente.
Según la representante de la Essap, otro motivo por el que la presión de agua no da abasto para llegar a esta zona es que hay mucha gente que instala conexiones clandestinas.
Si bien son conscientes de que el agua es un derecho universal, desde la Essap recordaron que son una empresa privada y que necesitan que los clientes paguen oportunamente para poner las redes en condiciones.
Aguatera estatal visitará la zona
La directora de Planificación se comprometió a acudir mañana junto con un equipo a verificar la situación exacta del sistema de distribución y comenzar un censo, de forma a delimitar cuánta gente es la que está dispuesta a comenzar a pagar sus factura en forma legal.
En el pórtico para ingresar a la Reserva Ecológica Banco San Miguel y Bahía de Asunción, donde, en teoría, deberían estar presentes los funcionarios del Mades, un enorme cartel describe que en este sitio se alberga la diversidad biológica, los humedales, y que es una “fuente de agua dulce”.
En medio de ese ecosistema se debe preservar, y que las autoridades del ambiente cuidan de la boca para afuera, irónicamente, quienes reciben la menor importancia son las personas, que son parte de ese espacio natural desde mucho antes, y cuyo derecho a la vida, en teoría, está garantizado por gobiernos de todo el mundo.
