En el año 2017, el ambientalista Rubén Figueredo fue condenado a dos años de prisión con suspensión condicional por almacenar pilas en su vereda para que no sean arrojadas al río. En el 2018, esta sentencia fue anulada y comenzó un nuevo juicio, que se extinguió en el año 2020 cuando se dio por terminado el proceso. Nueve años después, sigue sin existir un lugar donde depositar la basura tecnológica, y Rubén se pregunta cuándo el Ministerio del Ambiente reglamentará la Ley N.º 5.882 de Pilas, fluorescentes y baterías de uso doméstico.
Mientras avanzamos por la avenida Paseo del Yacht, en cierto punto comenzamos a sentir que se respira aire más puro y la vista se relaja con abundante vegetación.
“Se reparan electrodomésticos gratis” y “aguas saludables gratis” dicen dos carteles que llaman la atención de quienes pasan por allí, y muchos se quedan a preguntar.
Si bien es verdad que Rubén repara los electrodomésticos que le traen, en realidad, su cartel forma parte de un gancho para cumplir con su misión ecológica: reciclar, reducir y reutilizar.
En el año 2017, a Rubén lo condenaron a dos años de prisión con suspensión condicional de procedimiento por acopiar pilas en su vereda, para evitar que estas sean arrojadas al río. La sentencia decía que cometió procesamiento ilícito de desechos.
De un día para el otro, le dieron la espalda, pero tras pensarlo entendió qué pasó. La actitud de la Fiscalía cambió después de que él denunciara derrame de lixiviado de la empresa Empo, y que se arrojaban medicamentos vencidos y jeringas al río.
El principio del fin
Lo que más hizo reaccionar a la Fiscalía fue que Rubén y sus compañeros de la Fundación Itá Enramada sacaron los residuos del agua y los llevaron como evidencia al Ministerio Público y a la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).
Luego de ser ignorado, Rubén llevó los residuos hasta su fundación y los depositó en toneles que cerró de forma hermética. Esto fue el acabóse para la Fiscalía, que lo imputó inmediatamente.
En el pasado, la entonces Secretaría del Ambiente (Seam) declaró su trabajo de interés ambiental y tenía convenios con esta institución. Pero eso no le sirvió para que pase repentinamente de ser un ambientalista a un criminal.
Su proceso judicial duró 9 años. Después de una encarnizada lucha de la abogada Rosa Vachetta, un tribunal declaró la extinción de la causa el año 2020. Finalmente, los jueces entendieron que si Rubén almacenaba las pilas era para evitar la contaminación del río.
¿Hoy ya no juntás pilas?
-Ya no puedo. En el 2017 ellos me dieron un día nada más para dejar de hacerlo y me amenazaron. Me dijeron que saben dónde trabajo, qué hace mi familia y a qué colegio van mis hijos. Las amenazas fueron anónimas. Pero, al menos, quedé libre de culpa y pena.
¿Hay gente que sigue viniendo a querer dejarlas?
-Sí. Y como yo les digo que ya no se las puedo recibir, me dicen “bueno, las voy a tirar entonces” y las ponen a la basura. Van a Cateura y allí en el vertedero comienza el lixiviado, que consiste en que las pilas entran en descomposición y, con la lluvia, van soltando un líquido venenoso.
¿Qué hacés vos con tus pilas hoy?
-Es que lo que usa una persona es muy poco, lo que me preocupa es la cantidad de pilas que usan, por ejemplo, los medios de comunicación. Incluso los canales entregaban sus pilas acá, ahora las estarán tirando, qué van a hacer, si no hay una planta recicladora. Lo más fácil es tirarlas al basurero.
¿Te da miedo hablar del tema después de las amenazas que recibiste?
-No, para nada, yo voy a decir mi verdad, y que me maten por esto, no importa, yo quiero morirme así. Aunque los importadores son los que más se molestan, ellos son los responsables de las pilas que traen. En Europa, si traes dos toneladas de pilas y baterías, tenés que entregar dos toneladas de usadas, que se llevan a la planta para que se reciclen.
Lixiviado, el veneno que se quiere ocultar
En el 2002, la Seam habilitó una pileta de lixiviado que ese mismo año se llenó. A partir de ese entonces, según averiguó Rubén, este líquido contaminante va directamente al río Paraguay, en aguas compartidas con Argentina.
“Es un problema grave de contaminación, tienen estrategias para hacer correr el lixiviado al río en forma solapada. Los pescados que salen tienen mal olor, están contaminados y los pescadores ya no pueden venderlos”, alertó Figueredo. El veneno del lixiviado, según dijo, penetra la napa freática, una capa de agua subterránea que se encuentra a poca profundidad del nivel del suelo. Así es como el líquido tóxico llega a las reservas acuáticas de Patiño, Yrendagué y al acuífero Guaraní. Los municipios dicen que no pueden recolectar pilas porque el Mades no reglamenta la Ley N.º 5.882 de Gestión integral de pilas, fluorescentes y baterías de uso doméstico. Y, mientras ambas instituciones se tiran la pelota, pasa el tiempo.
¿Qué hacemos con las pilas después de que las juntamos en botellas de plástico?
-Esa es una incógnita sin respuesta, y yo ahora mismo no puedo hacer ninguna campaña. Antes venían acá los colegios y les habilitábamos unos tambores y las poníamos allí. Ahora si lo hago, me llevan preso.
¿Es un ideal para vos el tema del ambiente?
-Es que todos tenemos que cuidarlo, porque depende de eso la salud, la vida, el futuro de todos.
¿Los municipios deben recolectar pilas?
-Sí, ellos son los responsables de la basura urbana, sea lo que sea. Al menos deberían tener un depósito transitorio mientras presionan al Mades por una solución.
¿La Fiscalía y el Mades te traicionaron al imputarte luego de que te apoyaban?
-Lo que me molestó fue que no me avisaron para que deje de hacer el acopio. Me decía la Fiscalía “sí, seguí nomás”, la Seam me decía “sí, está bien”. Por qué no me dijeron “hay que cortar porque te pueden imputar”. Ellos me traicionaron.
¿Qué sistema se debería utilizar para reciclar pilas en Paraguay?
-Hay un sistema que consiste en oxidar las pilas en un horno y extraer materia prima que se utiliza para hacer pisos de cerámica. Otro sistema se llama electrólisis, que consiste en triturar las pilas en una tolva y luego se pasa el líquido a una piscina de químicos equipada con electrodos.
Finalmente, se ponen en tambores y van a las industrias, que lo usan para fabricar autos. Uno de estos sistemas tenía que ejecutar la empresa Empo; estaba en su contrato, pero nunca lo hicieron.
¿Es caro tener un sistema de reciclaje?
-No es nada barato, pero es responsabilidad de quienes asumen un trabajo de recolección.
Perspectiva jurídica
La doctora Rosa Vacchetta, defensora del ambientalista, explicó que se logró demostrar en juicio que no había fundamento legal para condenar a su cliente, pues no había ley reglamentada.
“Lo que se le hizo a Rubén fue un juzgamiento político. No se tenía asidero legal para condenarlo, pero vino una orden de hacerlo callar. Hoy, a pesar de estar la ley, ningún municipio tiene un lugar para disponer estos residuos cancerígenos. Las Juntas Municipales pueden reglamentar la ley si quieren, pero no lo hacen”, criticó la jurista.
Remarcó que si Figueredo no tuvo permiso ambiental es porque no podía tenerlo, ya que según la ley no se puede poner este tipo de responsabilidad sobre un individuo, pues es una carga para el municipio.
“Rubén ni siquiera pidió una indemnización al Estado pese a que el daño moral que sufrió fue enorme”, concluyó.
Pero las aspiraciones económicas están lejos del pensamiento de Rubén, quien está convencido de que la vida le devuelve en abundancia lo que en su momento entregó de corazón, cuando luchó por su causa hasta donde pudo. “Tal tu siembra, tal tu cosecha”, dice al despedirse.