¿Sabías que la empresa Epas SA es la operadora del billetaje electrónico con su tarjeta Jaha, que tiene un 70 % de participación, pertenece a Cetrapam? Los datos que se generan con el pago digital del pasaje constituyen información fundamental para conocer cuántos pasajeros usan el servicio, zonas y horarios de mayor demanda y otros detalles fundamentales para diseñar políticas públicas. Esta información es la base para el cálculo del precio del pasaje y los subsidios a los transportistas.
Es decir, Cetrapam es dueña de la información de interés público-estatal y, a la vez, para sí misma, pues sus socios cobran subsidios. Este escenario fue cuestionado por la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), que considera que hay un conflicto de interés.
A modo de comparación, en otras ciudades, como Montevideo (Uruguay), el sistema total es manejado por la Intendencia de Montevideo, incluyendo la compra de tarjetas y su distribución, además del software que surge con su uso. En Paraguay, el billetaje es controlado por dos operadoras, Epas y TDP (tarjeta Más), de las cuales los usuarios deben adquirir sus plásticos obligatoriamente para poder pagar un pasaje del transporte público.
Y las operadoras se quedan con un porcentaje del pasaje abonado por los usuarios en cada viaje.
En este contexto, el Viceministerio de Transporte (VMT) recibe la información y analiza, pero, a la fecha, no tiene mayor injerencia más que recibir los datos.
De esta manera, comparar la gestión con experiencias internacionales permite entender por qué Cetrapam está detrás de la mayor operadora del billetaje.
Este ejemplo evidencia la relevancia de identificar quiénes son los beneficiarios finales; es decir, las personas físicas que poseen o controlan directa o indirectamente a una empresa o entidad jurídica. Estos individuos son quienes se benefician con las ganancias, operaciones, toman decisiones estratégicas o ejercen influencia significativa sobre la estructura corporativa.
Su funcionamiento, derechos y obligaciones están estipuladas en la Ley N.° 6.646/2019 “Crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro Administrativo de Beneficiarios del Paraguay”, gestionado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, anteriormente Ministerio de Hacienda).
Según Federico Legal, activista y especialista en derecho al acceso a la información pública, la ley de beneficiarios finales permite conocer quiénes son los dueños o que tienen un capital importante en las personas jurídicas o empresas.
“Es el marco legal que también nos permite saber de relaciones o de potenciales conflictos de intereses en el sector público”, recalcó.
Esto incluye, por ejemplo, verificar si un funcionario tiene capital o participación en alguna empresa y cotejar si ha declarado correctamente esta situación en su declaración jurada de bienes.
Este control es esencial, ya que, por ejemplo, la Ley N.° 7.021 de compras públicas prohíbe que las autoridades electas sean proveedoras del Estado. El cumplimiento o no de esta disposición puede ser monitoreado a través del registro de beneficiarios finales.
Un informe de presidencia publicado en enero del 2020, cuando reportaba la reglamentación de la ley, señalaba que su implementación responde a las recomendaciones internacionales, en el marco de evaluación que realizó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) al Paraguay.
La Ley N.° 6.446/2019 es fundamental para detectar y prevenir el lavado de dinero, ya que facilita que las autoridades puedan identificar a las personas físicas que controlan o se benefician de sociedades y estructuras jurídicas.
Los datos permiten rastrear transacciones sospechosas y vincularlas con los verdaderos responsables de las empresas, facilitando investigaciones financieras y judiciales. Con la ley se apunta a fortalecer el control del sistema financiero, cumplir con estándares internacionales de prevención de lavado de dinero y actuar rápidamente ante operaciones que podrían estar vinculadas a delitos económicos o crimen organizado.
Registro de beneficiarios finales es información pública
El registro es de libre acceso y sin costo, no está calificada como reservada ni confidencial. La oficina encargada de estos es la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios finales, que en su Dictamen N.° 1.045 indica que información pública es aquella producida, obtenida, bajo control o en poder de las fuentes públicas.
Aquellos interesados en conocer los datos actualizados al cierre del ejercicio 2024, que fue en julio pasado, pueden hacerlo ingresando al portal unificado de Acceso a Información Pública (AIP), y buscador el Expediente N.° 96.083.