El proyecto de reforma del transporte público impulsado por el Ejecutivo obtuvo media sanción en el Senado y ahora pasó a la Cámara de Diputados. La propuesta generó críticas tanto de empresarios como de trabajadores, quienes coinciden en señalar la falta de claridad en varios aspectos.
Andrés Mallada, vocero de la Unión Central de Empresarios de Transporte Público del Área Metropolitana (Ucetrama), calificó la iniciativa como una “ley de laguna”. Explicó que el Viceministerio de Transporte tendría amplias facultades de control, sanción y regulación, mientras que el Ministerio de Obras Públicas pasaría a dirigir todo el sistema en el Área Metropolitana, por encima de las autonomías municipales.
Según Mallada, el proyecto concentra atribuciones pero sin asegurar la ejecución. Señaló además que la indefinición también alcanza al terreno laboral.
Reclamos de trabajadores y postura sindical
En la misma línea, Gerardo Giménez, representante de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), sostuvo que el texto plantea un cambio profundo en la prestación del servicio sin precisar los vínculos laborales. “¿A quién se podría reclamar el cumplimiento de las normativas laborales?”, cuestionó. Adelantó que los socios se reunirán el martes 16 para analizar posibles medidas.
La abogada laboralista Pilar Callizo explicó que la reforma no solo busca mejorar la eficiencia, sino que impacta directamente en los derechos de miles de trabajadores que dependen del transporte público. Recordó que actualmente el modelo funciona por concesiones de itinerarios, en las que cada empresa asume la responsabilidad de su flota, recorridos y personal, aunque con falencias en la prestación.
Cambios centrales del proyecto
El plan introduce tres transformaciones: el Estado pasará a ser propietario de los buses, la concesión de itinerarios será reemplazada por licitaciones de operación y se establecerán paradas estratégicas definidas por el Viceministerio de Transporte.
Callizo indicó que, en caso de incumplimiento, el contrato sería revocado y adjudicado a otro operador para evitar la paralización del servicio. La intención es garantizar continuidad y limitar la capacidad de presión mediante huelgas.
Desde la óptica de los trabajadores, el modelo abre la puerta a la tercerización y genera incertidumbre patronal (artículo 45), lo que podría derivar en un “limbo legal” para los choferes, inspectores, mecánicos y administrativos, sin un empleador claro al que reclamar salarios, aportes al IPS o indemnizaciones.
Derecho a huelga y vacíos legales
Otro punto en debate es el artículo 20, que ubica al transporte como servicio público imprescindible, al mismo nivel que la salud o la energía eléctrica. Esta clasificación restringe el derecho constitucional a huelga (artículo 96), lo que para la Fetrat significaría una limitación casi total de medidas de fuerza legítimas.
Asimismo, el artículo 39 no asegura la absorción laboral en caso de que un operador pierda la licitación, lo que incrementa la inseguridad sobre la estabilidad de los trabajadores. Callizo añadió que, en materia de seguridad social, la propuesta tampoco garantiza la continuidad de la cobertura en el IPS, ya que depende de la existencia de un empleador definido.
Impactos y cuestionamientos
La especialista enumeró tres efectos posibles: para los trabajadores, pérdida de estabilidad, riesgos en la cobertura del IPS, debilitamiento del derecho a huelga y mayor precarización; para los usuarios, continuidad del servicio y renovación de flota, aunque con dudas sobre la calidad sin garantías laborales claras; y para el Estado, mayor inversión pública, responsabilidad administrativa y necesidad de un marco legal sólido que evite conflictos judiciales.
Callizo plantea activamente interrogantes sin respuesta en el proyecto: ¿quién se considerará empleador según el Código del Trabajo?, ¿Qué mecanismos se aplicarán para absorber a los trabajadores en caso de cambios de operadores? ¿Cómo compatibilizar la necesidad de garantizar el servicio con el respeto al derecho constitucional a la huelga? ¿Será sostenible para el Estado ser dueño de toda la flota?
La abogada concluyó que la reforma implica un cambio de paradigma: pretende asegurar un servicio continuo y de calidad, pero lo hace con un esquema que no define con claridad la situación laboral de los trabajadores.