Cae un presidente, asume otro y hay una noticia más silenciosa: gente que deja de ir a trabajar porque el lugar donde trabajaba apaga sus luces. No miro esa escena desde lejos. Estaba del otro lado del micrófono. El derrumbe de ueno Bank, la salida de Santiago Peña y la llegada de Pedro Alliana forman parte de una crisis con demasiadas preguntas abiertas. Habrá investigaciones, pruebas y decisiones judiciales. Ojalá lleguen hasta el final. Un país no puede conformarse con encontrar un rostro al que atribuirle toda la culpa y seguir como si nada.
La crisis alcanzó a los medios en los que trabajábamos. Quienes contábamos las noticias pasamos a ser parte de ellas. Y apareció esa forma tan nuestra de simplificarlo todo: si trabajabas allí, algo habrás sabido; si cobraste un salario, algo te habrá tocado. La proximidad se convirtió, para algunos, en prueba suficiente. Pero un periodista no es el accionista del medio, como un cajero no es el dueño del banco. No decide cómo se financia la empresa ni controla a sus administradores. Tener un empleo no equivale a participar de un negocio irregular. Confundir esas cosas no acerca a la verdad: apenas reparte sospechas. Eso no significa reclamar inocencia colectiva por decreto. Quienes hacemos periodismo debemos preguntarnos qué vimos, qué dejamos de mirar y cuán incómodas fueron nuestras preguntas. La independencia no se proclama en un eslogan: se demuestra, sobre todo, cuando incomoda a quienes pagan las cuentas. Esa reflexión nos corresponde.
Tampoco somos los únicos damnificados. Están los ahorristas que no acceden a su dinero, los jubilados que esperan respuestas, los proveedores, las familias que reorganizan sus gastos y los trabajadores que hoy no saben qué pasará dentro de tres meses. Son problemas concretos. No se resuelven con discursos encendidos ni con una nueva fotografía en el despacho presidencial. Quizás lo más doloroso de esta semana sea comprobar la fragilidad de la confianza. Confiamos en los bancos para guardar nuestros ahorros, en las instituciones para vigilarlos y en las empresas para sostener sus compromisos. Confiamos, también, en que hacer bien nuestro trabajo alcanza para volver al día siguiente. A veces descubrimos que no.
No escribo para pedir lástima. Tampoco para buscar un certificado de pureza. Escribo porque, después del ruido, necesitamos recuperar distinciones elementales: entre sospecha y prueba, entre propietarios y empleados, entre responsabilidad penal y tragedia laboral, entre el poder que decide y quienes soportan sus decisiones. Un país no se reconstruye solo cambiando nombres en la cúspide. Se reconstruye haciendo que las instituciones funcionen, que las responsabilidades se individualicen y que nadie cargue con delitos ajenos ni quede protegido por su cargo.
Tal vez esa sea la paradoja de estos días: quienes parecían tenerlo todo descubrieron que podían perderlo, y quienes solamente teníamos nuestro trabajo descubrimos que también podíamos perderlo todo. La diferencia está en las responsabilidades, no necesariamente en las consecuencias. Y mientras el país intenta explicarse lo ocurrido, habrá que seguir adelante. Sin héroes inventados, sin mártires voluntarios y, sobre todo, sin renunciar a la memoria.