Según la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) del INE, la tasa de ocupación informal no agropecuaria se situó en torno al 62,5% en 2024, con mejoras marginales en 2025. A nivel nacional, incluyendo agro, la informalidad ronda el 67-68% y afecta a cerca de siete de cada diez ocupados. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, la desocupación cayó al 3,6%, la ocupación total alcanzó 3.297.188 personas (+118.964 interanual) y la tasa de ocupación subió a 70,8%. De cada diez nuevos empleos, aproximadamente siete fueron formales y tres informales.
La heterogeneidad departamental es extrema. Guairá (75,3%), Caaguazú (74,9%) y Paraguarí (74,1%) superan ampliamente el promedio, mientras Asunción y Central muestran tasas más bajas.
La movilidad del trabajador informal hacia el área metropolitana es costosa: el salario formal no siempre compensa traslado, vivienda y pérdida de redes. El diagnóstico 2025 no es de escasez de puestos: es de escasez de puestos cuyo precio relativo haga racional formalizarse. La informalidad persiste porque los incentivos del stock no se alteraron.
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El primer paso es separar el flujo del stock. En 2025 Paraguay generó cerca de 119.000 ocupados netos y llevó la ocupación al 70,8%, con desocupación en mínimo de nueve años. El flujo es real. El stock de informalidad —más de 1,5 millones de ocupados sin aportes o sin RUC— apenas se movió. Siete de cada diez siguen fuera.
El precio relativo de la formalidad no cambió lo suficiente como para mover decisiones en el margen. El empleo crece; la formalidad no acompaña al mismo ritmo. El costo de entrar (aportes, trámites, inspección) sigue superando el beneficio percibido para trabajadores y empresas pequeñas.
El segundo paso es leer la geografía como mercado de costos. Guairá, Caaguazú y Paraguarí superan el 74% de informalidad no agropecuaria. Allí el empleo se concentra en actividades de baja productividad, alta rotación y escasa capacidad de absorber costos fijos de registro.
Asunción y Central tienen mayor densidad de empresas formales, pero el diferencial con el interior sigue siendo amplio. El trabajador del interior compara el salario formal metropolitano con el costo de traslado, vivienda y pérdida de redes locales.
Si ese cálculo no cierra, no se mueve. El resultado es un mercado segmentado donde el precio del trabajo formal y el del informal no se arbitran plenamente. La informalidad es la respuesta a costos territoriales que no se compensan con retorno claro.
El tercer paso es medir la brecha de calidad en términos de retorno esperado. La ocupación del 70,8% es alta. Sin embargo, ingresos, estabilidad y protección no siguen la misma trayectoria. La distancia entre “tener trabajo” y “tener un trabajo que permita acumular” la explica en gran parte la informalidad.
Esa brecha no se cierra sumando puestos del mismo tipo. Se cierra cuando baja el costo de formalizarse y sube el retorno verificable de hacerlo en el margen. El precio en el margen todavía no alcanza para mover el volumen acumulado.
El cuarto paso es identificar el equilibrio de incentivos. El trabajador enfrenta un costo inmediato (aporte) contra un beneficio diferido e incierto. El empleador pequeño enfrenta costo no salarial y riesgo de inspección contra acceso limitado a crédito y contratos estables.
Cuando ambos lados encuentran más barato permanecer fuera, el equilibrio de baja formalidad se reproduce solo. Las reglas actuales no generan un precio claro que premie la formalización en el margen.
Por eso un boom de empleo no reduce automáticamente la informalidad: el flujo nuevo se reparte según los mismos precios relativos que sostienen el stock. Si el diferencial de ingreso es pequeño y el costo de cumplir es alto, quedarse afuera es la decisión que maximiza el resultado privado de ambos lados.
El quinto paso es traducir el diagnóstico a consecuencias de movilidad y de empresa. En Guairá o Caaguazú, una década en la informalidad reduce capital humano verificable y ahorro. La movilidad hacia empleos de mayor productividad en Asunción queda limitada no solo por distancia, sino por la ausencia de historial formal que baje el riesgo para el empleador.
Para la empresa pequeña del interior, permanecer informal permite operar con márgenes estrechos, pero bloquea financiamiento de mayor plazo y cadenas de proveedores formales.
El territorio queda con alta ocupación y baja capacidad de generar empleo de calidad de forma endógena. Mientras esa desalineación de precios relativos persista, el diagnóstico se repetirá: no faltan puestos; faltan puestos cuyo margen haga racional entrar.
Los números de 2025 cierran el argumento. Ocupación en 70,8%, desocupación en 3,6%, creación neta cercana a 119.000 personas, informalidad nacional en 67-68%. El mix de siete formales y tres informales mejora el flujo y deja el stock casi intacto. La informalidad paraguaya en 2025 es el resultado de precios relativos que hacen costoso formalizarse y relativamente barato permanecer fuera.
Corregirla exige cambiar esos precios relativos —bajar costos de entrada al sistema y subir el retorno verificable de la formalidad— más que multiplicar puestos bajo las mismas reglas. El diagnóstico cuantitativo no señala escasez de trabajo. Señala escasez de trabajo cuyo precio en el margen incentive cruzar el umbral formal.
Esa es la brecha central que los datos de 2025 dejan abierta para cualquier política que pretenda alterar los precios relativos que enfrentan trabajadores y empresas. El trabajador y la empresa pequeña responden al precio que enfrentan, no al promedio nacional.
Cuando ese precio hace más caro formalizarse que permanecer afuera, el resultado agregado es el que muestran los datos: alta ocupación, baja formalidad. Cambiar el resultado exige cambiar el precio en el margen, no ampliar el número de puestos bajo las mismas reglas de costo y de retorno esperado.