Las alarmantes cifras de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país son escandalosas y deberían movilizar todos los recursos disponibles para frenar una situación que constituye una grave crisis social.
En el país de las guaranias, que ensalza a la mujer y a la madre; que se enorgullece de las Residentas, quienes levantaron la nación tras la hecatombe de 1870; que se declara mariano y acude cada año a Caacupé, siguen muriendo mujeres a manos de sujetos a quienes difícilmente podríamos llamar hombres.
¿Cuántas mujeres más deberán morir para que las instituciones responsables aborden esta problemática con la seriedad que exige? No basta con cumplir trámites burocráticos y abandonar a las potenciales víctimas a su suerte cuando las denuncias encienden las alarmas.
El patrón de violencia que precede a los feminicidios en las relaciones de pareja se repite, sin que se apliquen medidas reales y efectivas de protección.
Datos del Ministerio Público indican que este año ya se registraron 20 víctimas de feminicidio, 16 de ellas asesinadas por sus parejas o exparejas. En 2025 se reportaron 37 casos y 37.805 denuncias de violencia doméstica, un promedio de 104 por día. Estas cifras revelan una grave crisis de salud social.
El problema trasciende nuestras fronteras. En Argentina, al 31 de agosto de 2026, se registraron 176 mujeres asesinadas; el 64% de los casos involucró a parejas o exparejas. Brasil reportó 741 casos durante el primer semestre de 2026. En proporción a su población, Paraguay enfrenta una situación alarmante: tiene apenas 6.460.159 habitantes, frente a los 48 millones de Argentina y los más de 214 millones de Brasil.
Contamos con leyes y protocolos que deberían activarse ante denuncias de violencia y amenazas. La Policía, el Ministerio Público, los juzgados de Paz y la Defensa Pública deben aplicar una ficha de valoración de riesgo para evaluar cada situación y disponer de medidas preventivas acordes con la amenaza.
¿Alguien se toma realmente en serio esta tarea? El asesinato de una estudiante de Derecho de 22 años en Lambaré, cuando se dirigía al trabajo, demuestra que algo falla. El sospechoso tenía una orden de restricción, pero la joven quedó desprotegida ante un ataque que finalmente se consumó. El Ministerio de la Mujer reconoció que desconocía las denuncias y la situación de riesgo, una evidencia del grave fallo de comunicación institucional.
Ese mismo ministerio viajó a Suiza con una comitiva de 16 personas para representar al país ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, con el consiguiente gasto estatal.
Imagino que allí habrán destacado las bondades de nuestro sistema legal de protección a las mujeres. Sin embargo, ese escudo es de papel cuando la desidia y la indolencia impiden aplicar las herramientas disponibles. A ello se suma una sociedad hastiada de la corrupción y la impunidad de instituciones que deberían garantizar la protección de los ciudadanos.
Reforzar el cierre con una exigencia concreta ordena mejor las cifras y los argumentos.