Esta saga empezó preguntando por qué un país puede lucir estable y, aun así, dejar a la gente calculando el mes en efectivo. Cierra aquí, en el capítulo 12, con lo único que importa cuando ya no quedan prólogos: cómo hacer que la macro llegue a la micro, qué hay que mover, cómo y en qué orden. Sin esa secuencia, el 4,2 por ciento del PIB –la cifra que el BCP pone sobre la mesa para el 2026, después de un 2025 cerca del 6 por ciento– seguirá brillando en el informe de política monetaria y no en los hogares.
En Limpio, un taller de carpintería metálica con ocho personas vive del pedido chico. Cuando hay obra, se trabaja de sol a sol. Cuando el Estado retrasa un pago o el banco pide tres años de estados que el dueño no tiene, se apaga la soldadora. El oficial más joven cobra en efectivo, sin IPS.
El patrón no es un evasor de manual: midió el precio. Anotarlo implica aportes, planilla, riesgo de multa y un costo que no cabe en el margen de un pedido que se cobra a treinta o sesenta días. Esa es la historia concreta. Formalizarse, para una unidad de uno a diez trabajadores –donde se concentra cerca del 73,5 por ciento del empleo–, sigue siendo más caro que quedarse afuera.
El dato no admite relato. El INE midió 60,1 por ciento de ocupación informal en el 2025: 1.663.000 personas sin aporte previsional o sin RUC. En construcción, más de ocho de cada diez. Entre cuentapropistas, ocho de cada diez. La pobreza monetaria bajó del 19,6 al 16 por ciento; el ingreso laboral ayudó, las transferencias también. El 10 por ciento más rico se queda con más del 34 por ciento del ingreso.
En años de expansión vigorosa se crearon del orden de 135.000 empleos formales, demasiado pocos para la velocidad del producto. Paraguay tiene una ventaja real: el costo laboral no salarial ronda el 44 por ciento del salario, menor que en vecinos de la región. Aun así, seis de cada diez ocupados permanecen fuera del sistema.
El crecimiento existe. La elasticidad con que ese crecimiento reduce la pobreza y crea empleo de calidad no acompaña al mismo ritmo. El mecanismo es de precios e incentivos. Cuando cumplir –aportes, trámites, rigidez, inspección selectiva– supera el beneficio de entrar, la unidad racional elige la informalidad.
El Estado que gasta de más en corriente y de menos en inversión encarece el crédito, retrasa obras y deja a los encadenamientos sin demanda estable. La transferencia sostiene un mes; no levanta la productividad del taller ni la nota de matemática del hijo del oficial. Nueve de cada diez estudiantes no resuelven un problema básico. Eso no es un dato escolar abstracto: es oferta laboral futura barata e informal.
Cabe la pregunta en su mejor versión. ¿Insistir en disciplina y formalidad no profundiza desigualdades, si el ajuste pega a quien vive al día y la inversión extranjera llega sin empleo local? Puede, si “ordenar” es recortar lo visible y dejar intactos privilegios tributarios, o si cada dólar de IED se contabiliza en el comunicado y no en la planilla del barrio.
El desorden también profundiza desigualdades: tasa alta para la pyme, fisco sin margen para escuela ni ruta, y un mercado donde el que produce poco paga caro por quedarse chico. La solución no es más relato ni menos regla. Es secuencia. El qué es nítido: bajar informalidad, subir la elasticidad crecimiento-pobreza y crear empleo formal. El cómo también: menos costos no salariales efectivos –no solo la alícuota legal, sino el costo de cumplir–, más inversión pública y menos transferencia permanente, capital humano que sirva en el puesto y encadenamientos que conecten el taller de Limpio con la planta que exporta.
El orden importa más que el discurso. En el 2026, formalizar: ventanilla que funcione, contratos flexibles para la micro, aportes escalonados y sanción cierta al que evade grande, no al que factura poco.
En el 2027, reasignar gasto de corriente a inversión: camino, energía, logística, no un programa con nombre nuevo. En el 2028, reforma tributaria con destino explícito a educar, midiendo aprendizaje y no solo matrícula. En el 2029-2030, atar cada flujo de inversión extranjera a empleo local verificable: proveedores, capacitación, puestos registrados.
Sin ese calendario, la macro ya está resuelta en el papel y la micro sigue resolviéndose en efectivo. El beneficio no se anuncia: se cuenta. El oficial entra al IPS y deja de pagar la consulta de su bolsillo. El taller accede a crédito porque tiene RUC, historial y un contrato con una firma más grande. El flete baja porque la ruta se terminó. El alumno que hoy no resuelve un problema llega a un puesto que paga por encima del mínimo porque la planta necesita quien lea un plano. En el interior, una semana menos de viaje al mercado cambia el ingreso tanto como un punto extra del PIB.
La movilidad deja de ser lotería y pasa a ser acumulación: años de aporte, oficio, cliente repetido. Reglas simples, precios que premian producir dentro del sistema, Estado que invierte en activos que no se comen en un mes. Esta saga cierra ahí. La macro ya hizo su parte. Lo que falta es que el 4,2 por ciento deje de ser un éxito del BCP y se vuelva ingreso, tiempo y oportunidad en el taller, en el interior y en la casa que todavía calcula la semana con lo que hay en el cajón de la cocina. Eso, y no el comunicado oficial, es el único cierre posible de esta saga de doce capítulos.
(*) https://cesaraddario.com/ Economista, analista económico de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.