Esta semana se produjeron dos hechos que deberían animarnos y permitirnos experimentar una alentadora sensación de que no todo está perdido en el ámbito de la Justicia en nuestro país.
El caso del exsenador Hernán Rivas, un mimado y protegido del poder, condenado a ocho años de cárcel por su título falso de abogado. Este hecho necesariamente provocará una catarata de consecuencias jurídicas en las decisiones tomadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano que llegó a presidir, y en el cual sus actuaciones carecen de validez jurídica.
El otro caso es una decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que resolvió rechazar un pedido de suspensión de la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero impulsado por el JEM. Esta jueza había fallado en favor de un amparo promovido por la comunidad encarnacena ante la contaminación de los subembalses de la represa de Yacyretá que rodean a la ciudad.
La jueza falló con justicia, conforme a los procedimientos, y en respuesta a un reclamo de vital importancia: el derecho a la vida, el derecho a vivir en un ambiente saludable.
Mediante los procedimientos de rigor comprobó la contaminación de las aguas resultado de las deficiencias en el sistema de evacuación de dichos residuos bajo responsabilidad de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y ordenó que en tiempo perentorio el ente tome las medidas pertinentes para resolver el problema.
Este desafío al “poder” de la entidad, una suerte de Estado dentro del Estado, derivó en una denuncia en contra de la jueza ante el JEM, un órgano con ganada fama de ser empleada como espada de Damocles para moldear criterios jurídicos, o garrote aleccionador para jueces y fiscales “díscolos”.
La decisión de la Corte de desestimar el pedido de suspensión adquiere condición de aire refrescante y una bocanada de esperanza que se suma a la medida adoptada por el Tribunal de Apelaciones de la Tercera Circunscripción Judicial, que desestima un recurso de nulidad planteado por la EBY contra la decisión de la jueza Benítez Caballero, y confirma la orden de ejecutar los medios necesarios para solucionar el problema ambiental.
Decía el filósofo Cicerón que la corrupción de los jueces y magistrados es la ruina del Estado. Nuestro sistema judicial, plagado de hechos de tal naturaleza, dan la razón al pensador romano.
Pero, como dice la canción, no todo está perdido. Detrás de ambos casos hay acciones ciudadanas en reclamo de justicia, y en la decisión de estos jueces una respuesta que nos permiten percibir que el fuego de la Justicia sigue vivo pese a todo, a través de hombres y mujeres que asumen su papel con valentía, honrando la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones de la República en esta inacabada e inacabable búsqueda y construcción del bien común.