Hay una ironía perfecta, casi de comedia negra, mientras el Congreso discutía, o más bien, no discutía, cómo frenar la distracción de nuestros hijos, la Cámara de Diputados quedó sin cuórum. Por segunda vez. La ley que pone límites al celular en la escuela nació, entonces, no del debate sino de la ausencia de los propios legisladores, sanción ficta, dictada por el silencio de las bancas vacías el viernes 25. Quienes debían legislar sobre el hábito de escaparse mentalmente de clase, se escaparon físicamente de la sesión. Si eso no es alegoría, no sé qué lo es.
Y sin embargo, más allá del sainete, el proyecto, impulsado originalmente por el diputado José Rodríguez como una prohibición total, diluida en el Senado hasta una simple restricción, toca un nervio real, limita celulares, relojes inteligentes, tablets y auriculares en aulas, recreos y descansos, para alumnos y docentes, salvo emergencias, discapacidad documentada o uso pedagógico supervisado. Ahora duerme en Mburuvicha Róga, a la espera de la firma o el veto de Peña.
Aclaremos algo antes de que salgan las antorchas, esto no es ludismo, nadie sataniza la tecnología, ni pide volver a la pizarra de tiza. Se protege algo más frágil y menos rentable, el proceso de aprender. Ese proceso exige aburrimiento, fricción, memoria de trabajo ejercitada, no tercerizada, y la mirada de otro ser humano al frente del aula, no una notificación disputándole la atención a la maestra. Un niño de ocho años no necesita “equilibrio digital”; necesita, sencillamente, no tener el dispositivo en el bolsillo mientras aprende a sostener una idea en la cabeza más de cuarenta segundos.
Dicho esto, la ley que viene arrastra defectos que el Ejecutivo debería corregir en la reglamentación, no ignorar:
Primero, que sea tecnológicamente neutra. Hoy son celulares y relojes, mañana serán lentes de realidad aumentada o compañeros de IA. La norma debe regular la función, no el modelo de turno, para no legislar de nuevo en dos años.
Segundo, presupuesto real para la escuela pública.
Tercero, resolver bien el enredo del artículo 4°: extender la prohibición a los docentes sin debate propio, y dejarle al Ejecutivo la tarea de vetar solo una parte de un artículo, es mala técnica legislativa. Que ese punto se legisle aparte, con sus propios argumentos.
Cuarto, evaluación obligatoria: que el MEC y el MITIC publiquen datos anuales de impacto, atención, ciberacoso, salud mental, para que la ley se ajuste con evidencia, no con anécdota.
Proteger la infancia del algoritmo no es miedo al futuro. Es, apenas, insistir en que el futuro pueda leer un libro completo sin distraerse.
“A menudo damos a los niños respuestas que recordar en lugar de problemas a resolver”. Rogers Lewin.