Quizás Hernán Rivas nunca imaginó que aquel título que debía acreditar años de estudio terminaría convertido en la cuenta más cara de su vida. El cartoncito que debía demostrar una profesión terminó demostrando otra cosa: que una mentira también puede llegar muy lejos cuando encuentra las puertas abiertas.
El Tribunal de Sentencia lo condenó a ocho años de prisión por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso vinculados con su supuesto título de abogado. La Justicia concluyó que no cursó ni aprobó Derecho y lo describió como un “alumno fantasma”.
Y ahí está lo verdaderamente llamativo: no fue solamente un título falso. Fue todo lo que ese título consiguió.
Porque un título puede quedar colgado en la pared de una sala, recordando los años de universidad. Pero este, según quedó establecido en el juicio, abrió puertas. Rivas llegó a representar al Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y hasta presidió ese organismo.
Siempre se dice, medio en broma, que los abogados estudian para aprender a mentir. En el caso de Rivas, la ironía se cuenta sola, no necesitó estudiar Derecho para sostener una mentira. Pero ya no causa gracia.
Una carrera universitaria no se hace en un papel. Se hace durante años. El título es apenas el cartoncito que certifica todo aquello.
Por eso, cuando ese cartoncito aparece sin el recorrido que debería respaldarlo, deja de ser una credencial y pasa a ser una pregunta: ¿Cómo llegó hasta ahí?
Rivas tiene una responsabilidad individual, pero una mentira de esta magnitud no camina sola. Necesita documentos, trámites, instituciones y controles. Y ahí aparece el problema que va más allá de Rivas.
No se trata de afirmar que todos los funcionarios son incapaces ni de convertir cada designación política en una sospecha. Se trata de recordar que hay cargos que exigen preparación, y no puede reemplazarse con confianza política.
Una silla pública no debería ser una escuela donde alguien llega primero y aprende después. Porque cuando falta idoneidad, no siempre se equivoca solamente quien ocupa el cargo, también queda expuesta la institución que permitió que llegara hasta allí.
Tal vez esta sea la parte que más debería incomodar.
No porque haya que salir a buscar culpables, sino porque el caso obliga a mirar las otras bancas, escritorios, títulos y otras credenciales.
El caso Rivas demuestra hasta dónde puede llegar un papel cuando nadie se detiene a preguntar qué hay detrás.
La Justicia ya determinó qué ocurrió con Rivas y le impuso una condena de ocho años. Ahora queda una discusión sobre cómo evitar que una situación semejante vuelva a atravesar los controles antes de que alguien ocupe un cargo.
El problema es que ahora la pregunta ya no es cuánto costó su mentira, sino cuánto tiempo pudo funcionar. Porque si un título falso llegó tan lejos, quizás lo que toca ahora no es mirar solamente el título que se cayó de la pared, sino: ¿Cuántos títulos más habrá que descolgar para saber cuántos Rivas hay?