Durante una de las pocas pausas de su jornada, María escucha en la radio que la economía crece. Minutos después, al ayudar a su hijo con una tarea, descubre otra realidad: el niño puede leer las palabras, pero no explicar lo que significan. Paraguay progresa en los grandes números, aunque no con la misma fuerza en los aprendizajes. Su estabilidad macroeconómica es fruto de decisiones sostenidas durante años. La reforma tributaria, la disciplina fiscal y el fortalecimiento institucional hicieron al país más previsible. La continuidad la convirtió en política de Estado.
Hacia finales del siglo pasado comenzó una reforma educativa que también pretendía superar los períodos de Gobierno. “Paraguay 2020” prometía preparar al país para el nuevo siglo. Entonces ni siquiera imaginábamos la inteligencia artificial o la velocidad con la que cambiaría el trabajo, pero ya sabíamos que el desarrollo necesitaba ciudadanos capaces de leer, comprender y razonar. La reforma amplió la escolaridad obligatoria, incorporó a más estudiantes, extendió la educación media, introdujo el guaraní y renovó el currículo. No fue inútil. Sin embargo, el aumento de la matrícula no produjo una mejora equivalente de los aprendizajes.
PISA 2025 coloca esa deuda frente al espejo. Paraguay obtuvo 334 puntos en matemática, 352 en lectura y 355 en ciencias, y quedó en los últimos lugares de América Latina. Apenas el 10% de los estudiantes alcanza el nivel básico en matemática y solo el 24% lo consigue en lectura y ciencias. Estas cifras no dicen que nuestros jóvenes sean menos inteligentes; miden lo que el sistema pudo ofrecerles. Detrás aparecen políticas discontinuas, formación docente insuficiente, desigualdad territorial y reformas que cambiaron documentos sin transformar el aula. PISA examina a los estudiantes, pero interpela al Estado y a la sociedad adulta.
La diferencia con la economía no radica solo en la continuidad. También debemos preguntarnos cómo invertimos. Discutimos cuánto recibe la educación, pero menos qué se prioriza, qué resultados se obtienen y quién responde cuando los recursos no llegan al aula. Podemos construir escuelas sin prever su mantenimiento, comprar tecnología sin integrarla al aprendizaje o capacitar docentes sin acompañarlos después. Se suma la injerencia política: equipos técnicos desplazados, cargos utilizados como espacios de influencia y programas interrumpidos antes de ser evaluados. Cuando la educación depende del calendario electoral deja de ser política de Estado.
Una política pública no fracasa porque sus primeros resultados sean insuficientes, sino cuando no aprende de la evidencia, cambia de rumbo por conveniencia o confunde inversión con ejecución presupuestaria. Paraguay 2020 amplió el acceso, pero no garantizó calidad y equidad. Reconocerlo no implica desechar lo construido, sino corregirlo. El país necesita metas medibles, equipos técnicos estables, prioridad a la primera infancia, acompañamiento docente, inversión transparente y evaluaciones para decidir. Para María, ese horizonte comienza cada tarde frente a un cuaderno abierto, cuando intenta ayudar a su hijo a comprender un mundo que cambia mucho más rápido que su escuela.