Jorge estaba sentado mirando la vida pasar. Cuando todo parecía dispuesto para llevarle paz al corazón, se cruzó uno de esos pensamientos que carcomen el alma, como un alma en pena que se adelantó a la Noche de Brujas: ¿qué pasaría si, por un capricho del destino, padeciera una enfermedad catastrófica? ¿O si esto le ocurriera a un familiar o a un amigo? La inquietud dejó de ser personal: ¿encontrarían un sistema capaz de protegerlos?
Un sistema público de salud no es una suma de hospitales, médicos y medicamentos. Es una organización que previene, diagnostica, trata y rehabilita. Su eficiencia se mide por la capacidad de responder a tiempo, sin que la atención dependa del dinero, el domicilio o los contactos del paciente. Paraguay está lejos de ese objetivo. Tenemos instituciones y recursos, pero no funcionan coordinadamente. Los hospitales viven sobrecargados, la atención está fragmentada y muchas decisiones se toman cuando el problema ya se convirtió en una emergencia.
La crisis médica que derivó en una huelga volvió a mostrar esa fragilidad. Pacientes y médicos aparecieron como sectores enfrentados: unos reclamando que no se suspendan consultas y tratamientos; otros exigiendo mejores condiciones laborales. Esa tensión no debería existir. Quien espera atención y quien trabaja sobrecargado sufren consecuencias distintas del mismo sistema. Esto no implica aceptar cualquier reclamo ni ignorar el perjuicio de una medida de fuerza en un servicio esencial. La respuesta no puede limitarse a negociar cuando estalla el conflicto. El Estado debe conciliar derechos, ordenar el sistema y proteger a la población.
Las modificaciones pasan por fortalecer la atención primaria, integrar los servicios, distribuir mejor al personal, transparentar las compras, asegurar medicamentos y mantenimiento, profesionalizar la administración y construir una carrera sanitaria basada en el mérito. Optimizar no es gastar menos, sino utilizar cada recurso donde produzca mayor protección. Los médicos deben participar en la transformación, cuidar su vínculo con los pacientes y procurar que sus reivindicaciones contemplen el interés general. Los ciudadanos deben prevenir, informarse, cumplir los tratamientos y exigir transparencia. Para eso necesitamos educación sanitaria: una sociedad que desconoce cómo funciona el sistema difícilmente podrá exigir los recursos y las instituciones que lo sostienen.
Hacer que lo importante supere a lo urgente implica dejar de administrar crisis y comenzar a planificar. La huelga no debería concluir solamente con un acuerdo provisional: debe abrir una conversación sobre el sistema que queremos construir. La salud es uno de nuestros bienes más preciados y protegerla no puede depender de improvisaciones, contactos, colectas o de que un caso se vuelva viral. Requiere un Estado presente y eficiente, médicos comprometidos y ciudadanos conscientes de que la salud pública se defiende mucho antes de llegar al hospital. Quizá entonces Jorge pueda volver a mirar la vida pasar con algo más de tranquilidad, sabiendo que, si el destino golpea su puerta o la de alguien a quien ama, no tendrá que enfrentarlo solo.