En el taller de metalúrgica en San Lorenzo, un operario llamado Marcos sostiene el mismo puesto desde hace once años. Su salario cubre la canasta básica, pero no alcanza para la capacitación de su hijo de diecisiete ni para un crédito hipotecario. La empresa opera con márgenes estrechos porque el costo total de cada trabajador formal supera en más de la mitad el salario de bolsillo y evita ampliar la planta.
Esta situación concreta se repite en miles de hogares y microempresas que enfrentan una brecha de oportunidades que no se resuelve con transferencias, sino con una arquitectura que alinee incentivos individuales con resultados agregados. El dato nacional verificable es contundente. La informalidad laboral deja fuera del sistema de protección y de productividad a una proporción significativa de la fuerza de trabajo, mientras la recaudación tributaria se concentra de manera desproporcionada en los segmentos formales de ingresos medios y altos.
Los retornos estimados de la inversión en capital humano se sitúan entre el 12 y el 18 por ciento anual, y los multiplicadores de empleo en encadenamientos productivos bien orientados llegan a 2,4. El costo fiscal de mantener distorsiones en los aportes no salariales y en la estructura impositiva se traduce en menor formalización, menor calificación y densificación de las cadenas de valor.
Estos números se reflejan en la movilidad social estancada, en la menor capacidad de las empresas para competir y en el rezago de territorios que no retienen valor agregado. La causa de esta brecha reside en el mecanismo económico de los incentivos. Cuando los aportes no salariales elevan el costo total del empleo formal entre un 45 y un 60 por ciento por encima del salario de bolsillo, las micro y pequeñas empresas encuentran racional permanecer en la informalidad.
Cuando la carga tributaria efectiva grava con mayor intensidad a quienes ya operan dentro del sistema y deja lagunas en bases más amplias, se desalienta la expansión de la formalidad y se limita la capacidad fiscal para financiar inversiones de alto retorno. Cuando las barreras de información y de coordinación impiden que las empresas se vinculen en encadenamientos verticales y horizontales, el multiplicador de empleo se diluye y la productividad media permanece baja.
El resultado es un equilibrio subóptimo en el que los hogares enfrentan menor capacidad de planificar, las empresas operan con distorsiones de competencia y los territorios dependen de transferencias en lugar de generar su propia dinámica. Cada peso adicional de costo no salarial o de incertidumbre regulatoria desplaza decisiones hacia la subsistencia en lugar de hacia la inversión en capital humano y en vínculos productivos.
La solución consiste en una agenda microeconómica técnica de tres instrumentos aplicados de manera simultánea y con disciplina fiscal. El primero es una reforma tributaria progresiva que eleve las alícuotas marginales sobre rentas superiores a un umbral determinado, elimine deducciones distorsivas y amplíe la base del impuesto sobre el valor agregado en bienes no esenciales.
Esta recalibración permite recaudar entre 1,8 y 2,3 puntos del producto en un horizonte de tres años. Los recursos se orientan de manera exclusiva a programas de formación técnica y certificaciones laborales de calidad. El segundo instrumento es la formalización vía reducción gradual y focalizada de los costos laborales no salariales, compensada parcialmente con un impuesto sobre la nómina de baja alícuota y amplia base. El impacto potencial es de 180.000 empleos formales adicionales en cinco años. El costo fiscal bruto se estima en 0,7 puntos del producto durante los primeros tres años, pero el incremento de la masa salarial formal genera superávit neto a partir del cuarto año.
El tercer instrumento es una política industrial 2.0 orientada exclusivamente a fortalecer encadenamientos productivos mediante ventanillas únicas de información de demanda, certificación de calidad a costos subsidiados por un período limitado y financiamiento de capital de trabajo a tasas de mercado con plazos alineados a los ciclos productivos.
El costo público se limita a 0,4 puntos del producto durante cinco años y el multiplicador de empleo alcanza 2,4. La arquitectura institucional se basa en reglas estables, medición continua de resultados y corrección de desvíos cuando los costos superen los beneficios cuantificados. No se trata de seleccionar sectores ni de expandir aparatos burocráticos, sino de remover distorsiones para que los agentes respondan a señales de mercado más limpias.
El beneficio medible para la vida cotidiana se materializa en múltiples planos. Para el operario como Marcos, la formalización de su puesto y la disponibilidad de formación técnica significan acceso a cobertura de salud, aportes previsionales, crédito y la posibilidad de que su hijo complete un ciclo de capacitación que eleve su ingreso esperado en un 28 por ciento en cinco años. Para las familias de los dos quintiles inferiores, el ingreso real disponible se incrementa entre un 18 y un 22 por ciento, principalmente vía empleo y no vía transferencias.
Para las micro y pequeñas empresas, la reducción de costos no salariales y la densificación de encadenamientos recuperan márgenes, permiten ampliar planta y reducir la competencia desleal de la informalidad. Para los territorios rezagados, la radicación de centros de formación vinculados a demandas locales y la retención de valor agregado multiplican las opciones de permanencia y frenan la migración forzosa. En el plano agregado, cada peso invertido en capital humano genera 1,4 pesos de producto adicional, el cierre parcial de la brecha reduce entre 4 y 6 puntos el coeficiente de Gini en una década por expansión de oportunidades productivas, y la productividad media del trabajo se eleva un 9 por ciento en los segmentos alcanzados.
La interacción de los tres instrumentos cierra el círculo: mayor formalización financia de manera sostenible la inversión en capital humano; mayor calificación reduce costos de adopción tecnológica; y la densificación de los encadenamientos genera demanda de trabajadores formales y calificados. El ciudadano deja de ser beneficiario pasivo y se convierte en agente que responde a incentivos correctos.
La empresa planifica a mediano plazo en un entorno de menor distorsión. El territorio genera su propia dinámica de oportunidades. Esa es la arquitectura que convierte la microeconomía en instrumento de movilidad social real y cotidiana.
(*) https://cesaraddario.com/ Economista, analista económico de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.