Hace unos días, durante uno de esos cortes breves que todavía forman parte de nuestra rutina, alguien comentó con resignación: “¿Cómo puede faltar electricidad en un país que tiene dos de las represas más grandes del mundo?”. La frase quedó flotando en la oscuridad, entre teléfonos convertidos en linternas y aparatos que dejaron de funcionar. Parecía una contradicción sencilla, pero resumía uno de los mayores desafíos del Paraguay.
El cambio en la presidencia de la Ande volvió a poner el tema energético en la agenda. Como suele ocurrir, la conversación se concentró enseguida en los nombres: quién salió, quién llegó, qué sector ganó espacio y qué intereses pudieron influir. Pero el verdadero problema trasciende a cualquier presidente. Las autoridades cambian; las necesidades del país permanecen.
Durante décadas, nos hemos repetido que Paraguay es una potencia energética. Lo somos por nuestra capacidad hidroeléctrica, pero esa certeza puede convertirse en una peligrosa comodidad. Tener grandes represas no significa disponer siempre de energía suficiente, estable y accesible. No basta con producirla; hay que transportarla, distribuirla y sostener una infraestructura capaz de responder a una demanda que crece con las ciudades, las industrias, los hogares, la tecnología y la futura electrificación del transporte.
El futuro no está a cincuenta años; está mucho más cerca. Lo que hoy parece abundante puede dejar de serlo si seguimos administrando nuestra riqueza sin planificación. Por eso resulta urgente discutir una nueva matriz que complemente la hidroelectricidad con energía solar, biomasa sostenible, biogás, generación distribuida y almacenamiento. También debe estudiarse la energía nuclear, sin fascinaciones automáticas ni temores heredados. No como una solución inmediata —porque exige grandes inversiones, regulación independiente, formación científica, seguridad y respuestas serias sobre los residuos—, sino como una posibilidad que un país responsable debe evaluar antes de necesitarla.
La discusión debe ser cien por ciento técnica. Cada proyecto tiene que medirse por sus costos, riesgos, beneficios, impacto tarifario, empleos generados, infraestructura requerida y valor real para el Paraguay. Los estudios deben ser públicos y los contratos, transparentes. Ninguna empresa, grupo económico o sector político puede apropiarse de una decisión que condicionará a varias generaciones. La energía nacional no puede administrarse según la capacidad de presión de quienes buscan grandes bloques de potencia, ni desde consignas nacionalistas que suenan bien, pero no resuelven nada.
Cuando regresó la luz aquella noche, todos volvimos a conectar los aparatos y la conversación terminó. Ese quizá sea nuestro verdadero problema; que cuando vuelve la electricidad, dejamos de pensar en ella. Pero el futuro se está acercando. Y cuando finalmente encienda la luz, Paraguay deberá haber decidido mucho antes de dónde vendrá esa energía, quién podrá utilizarla y para qué país queremos aprovecharla.