A pesar del regreso del Decimo Ministro, el último viernes fue uno de ellos para el Grupo Zuccolillo. A pesar del regreso del Decimo Ministro, el último viernes fue uno de ellos para el Grupo Zuccolillo. En menos de 24 horas recibió dos reveses judiciales consecutivos que golpean una de sus operaciones financieras más relevantes y dejan una enseñanza que trasciende el caso: los expedientes se responden con pruebas, no con editoriales.
El primer revés llegó en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que rechazó por unanimidad el planteamiento promovido contra el juez Osmar Blanco. El magistrado había ordenado suspender la integración tecnológica entre banco Atlas y banco Familiar dentro del litigio que enfrenta a la entidad bancaria con itti por la presunta vulneración de derechos de autor sobre el software bancario ITGF. Aplicaron la estrategia que siempre critican y les salió mal.
Horas después llegó el segundo golpe. El Tribunal de Apelación confirmó la medida cautelar y rechazó los recursos planteados por el banco Atlas. La consecuencia es concreta: la integración tecnológica vinculada a una operación estimada en unos USD 400 millones continuará paralizada hasta que un peritaje independiente determine si existió o no una eventual afectación al software desarrollado por itti. La Justicia no afirmó que hubo piratería; resolvió que, antes de permitir que el proceso continúe, primero deben verificarse técnicamente los hechos.
La diferencia no es menor. En un Estado de derecho, cuando existe una controversia técnica sobre propiedad intelectual, el camino no es acelerar el negocio, sino preservar la prueba mientras los especialistas determinan qué ocurrió. Sin embargo, cada vez que una resolución judicial no coincide con sus intereses, el Grupo Zuccolillo parece recurrir al mismo libreto: transformar un revés procesal en una campaña mediática contra quienes dictaron la decisión. Es una reacción conocida. El problema es que la intensidad de los titulares no modifica el contenido de los fallos. La tan temida tapa y editorial hoy pierde fuerza. Que no sorprenda que en pocos días inicie una campaña contra magistrados y funcionarios judiciales. El contexto tampoco pasa inadvertido. Mientras este litigio permanece abierto, el presidente del banco Atlas y otros integrantes de su directiva afrontan un proceso penal por presunto lavado de dinero en la causa derivada del caso Conmebol. Dos resoluciones adversas en un mismo día no significan el final del proceso. Pero sí marcan un límite. Por más poder económico, influencia política o capacidad de instalar agenda que tenga un grupo empresarial, los tribunales recuerdan una verdad: ninguna estrategia comunicacional sustituye a la prueba técnica ni ningún editorial reemplaza una sentencia. Cuando la documentación pesa más que el relato, el ruido deja de ser una estrategia y empieza a parecer una señal de impotencia.