En periodismo hay una diferencia decisiva entre discutir opiniones y discutir documentos. Las primeras pueden ser legítimas y contradictorias; los segundos son la base de toda investigación seria. Cuando una controversia involucra fondos previsionales y organismos de control, el centro debe estar en expedientes, contratos y auditorías.
Durante la última semana, la discusión sobre el fideicomiso vinculado al IPS y el banco Atlas permitió que los impolutos salieran a buscar la manera de terminar con las tapas que los nombran y fotografían. Mientras La Tribuna publicó y analizó documentación, otros espacios amplificaron voces para relativizar las denuncias o reencuadrarlas como una disputa política o técnica. La operación no siempre niega los hechos: a veces la estrategia es desplazarlos.
Benigno López y el arquitecto Masi tienen derecho a opinar. El problema surge cuando sus interpretaciones ocupan el lugar de la evidencia. Una vocería aporta contexto, pero no reemplaza un informe de la Contraloría, una investigación del IPS, un contrato o un expediente.
La función del periodismo no es enfrentar una declaración con otra y llamar pluralidad a ese equilibrio aparente. Es confrontar cada declaración con los documentos. Si una investigación expone antecedentes u observaciones técnicas, la respuesta rigurosa debe demostrar, con evidencia equivalente, que esos datos son falsos, están desactualizados o fueron mal interpretados. Pero como la documentación es contundente, sacamos la vieja y confiable estrategia del sesgo de autoridad, agrandamos la figura de alguien y planteamos que si esa persona lo expresa, debe ser verdad.
Ahí aparece uno de los sesgos más eficaces de las operaciones mediáticas: no siempre se oculta la información; a veces se la ahoga bajo opiniones y relatos laterales hasta que pierde centralidad. Una cuestión verificable se convierte en pelea de versiones, donde gana quien amplifica más.
Una declaración puede persuadir; un documento puede probar.
En un caso que afecta recursos de jubilados no alcanza con afirmar que el mecanismo era legal o conveniente. Debe explicarse si cumplió los procedimientos, qué observó la Contraloría, qué investigó el IPS y qué puntos siguen sin respuesta.
La ciudadanía no necesita más voceros. Necesita evidencia.
La pluralidad no consiste solo en publicar dos opiniones contrapuestas. Consiste en exhibir las pruebas y permitir que el lector forme su juicio. La Tribuna puso sobre la mesa documentos e investigaciones oficiales. Quienes las cuestionan pueden refutarlas en el mismo terreno: con documentos.
Esto no es debate, es una cortina de humo desde un medio de comunicación que se viene comportando como esos a los que acusa. Solo les falta decir que es persecución política en período electoral.