La política libertaria de Javier Milei parte de una premisa fuerte: el Estado es el problema, el gasto público es el origen de la decadencia y la libertad económica exige achicar, desregular y cortar de raíz la intermediación estatal. En sus libros, esa idea aparece asociada a la eliminación del Banco Central, la reducción drástica del gasto y una crítica frontal a impuestos, asistencia social y política pública.
Pero Paraguay no es Argentina. Y ahí está el primer error de cualquier copia mecánica. Argentina llega al discurso libertario desde una historia de inflación crónica, déficit fiscal, cepo, emisión y Estado sobredimensionado. Paraguay, en cambio, tiene otro problema: no sufre por exceso de Estado, sino por déficit de Estado efectivo. Falta presencia pública de calidad en salud, educación, seguridad social, caminos, justicia, niñez, pueblos indígenas y protección territorial.
El informe preparado por Amnistía Internacional para el Examen Periódico Universal de Paraguay en el 2026 advierte sobre restricciones al espacio cívico, falta de financiamiento del sistema de salud, violaciones de derechos de pueblos indígenas, insuficiente protección de niñas, niños y adolescentes, discriminación y riesgos para personas defensoras de derechos humanos. La Oficina de la ONU para Derechos Humanos también ubica a Paraguay bajo revisión en el 2026 y destaca temas estructurales como justicia, tierra, seguridad social y minorías.
En el corto plazo, una receta libertaria chocaría con la realidad social: recortar sin reconstruir capacidades públicas agravaría hospitales saturados, escuelas débiles, informalidad laboral y desprotección familiar. El mercado no reemplaza una posta sanitaria, una escuela rural ni una política de infancia.
En el mediano plazo, el obstáculo sería productivo. Paraguay necesita formalización, crédito, infraestructura, capacitación técnica y seguridad jurídica. Nada de eso surge automáticamente de bajar impuestos o demonizar al Estado. Sin instituciones que funcionen, el mercado se vuelve privilegio para los ya conectados.
En el largo plazo, el riesgo es más profundo: fragmentación social. El PNUD advierte que América Latina enfrenta un desarrollo humano bajo presión, con desigualdad, incertidumbre, crisis superpuestas y debilitamiento del tejido social; por eso propone resiliencia, instituciones, instrumentos e infraestructura pública como ejes del desarrollo.
El principal problema para Paraguay no es que haya demasiada política social, sino que hay poca, mal distribuida y muchas veces capturada. El desafío no es destruir el Estado: es limpiarlo, profesionalizarlo y ponerlo al servicio de quienes trabajan. Un libertarismo extremo podría ordenar algunos números, pero desordenaría la base social sobre la que se construye cualquier desarrollo sostenible.