El pasado 20 de junio de 2026 se cumplieron 34 años de la Jura de la Constitución de la República. Por primera vez desde su entrada en vigencia, decreto del Poder Ejecutivo mediante, se le dio carácter de feriado nacional.
Para celebrar fueron organizadas exposiciones, actos culturales y oficiales en los que se destacó su fortaleza, su concepto moderno y democrático.
Paralelamente algunos sectores se manifestaron por la necesidad de introducir reformas, “hilar más fino” y adecuarla a los desafíos políticos y sociales emergentes. En esta tesitura se encuentra una organización conocida como la Escuela Cívica Militante, un grupo político que desde hace unos años viene desarrollando una campaña en busca de una reforma de la Carta Magna.
Sin entrar a detallar el contenido de su propuesta, en virtud de que requeriría un espacio del que no disponemos aquí, la idea de revisar la Constitución no es desacertada. Existen puntos básicos que los entendidos en la materia advierten como necesario someter a una sustancial mejoría, como por ejemplo la cuestión del Poder Judicial y su dependencia del poder político, la descentralización administrativa, la cuestión de la reelección presidencial y su prohibición, entre otros.
En algún momento, más temprano que tarde, será necesario discutir una reforma de la Constitución y un nuevo formato del Estado. Una reforma con la premisa puesta en la necesidad de achicar esta paquidérmica superestructura política y administrativa, ineficiente y clientelar cuyo mantenimiento le cuesta mucho dinero al pueblo. Demasiado dinero.
Reducir la cantidad de representantes políticos en los órganos del Estado, reconfigurar los entes estatales y convertirlos en herramientas eficaces para el desarrollo del país y no meros espacios de distribución de cargos públicos y recursos públicos.
Desde una perspectiva de la descentralización, urge revisar la conformación de los gobiernos regionales. Nuestra Constitución se define como descentralizada y al mismo tiempo unitaria. Crea Gobernaciones Departamentales, con escasa o ninguna autonomía política y recursos.
Las Juntas Departamentales son literalmente figuras decorativas sin ninguna utilidad práctica. Sólo sirven para elevar el gasto público y crear una superestructura política más que engulle el presupuesto público. Bien podrían ser sustituidas por un cuerpo colegiado integrado por los intendentes municipales de cada distrito, en cada departamento. Serían más eficaces y menos onerosos.