En esta última entrega de la serie “Candados constitucionales para la estabilidad fiscal en el Paraguay”, hoy tocaremos el tema Los candados propuestos transformarían nuestra Constitución en garante de prosperidad.
Con deuda limitada, reglas estrictas y derechos económicos blindados, atraeremos inversión y crecimiento. Es hora de enmienda económica por estabilidad, desarrollo y un futuro sin crisis fiscales recurrentes. Nuestra patria merece instituciones que no solo reaccionen a las tormentas, sino que las prevengan.
Paraguay nunca tuvo estos candados constitucionales. Durante décadas, los vaivenes fiscales han castigado la economía de nuestra nación: déficits que se acumulan en épocas de bonanza, deuda que crece en silencio y esto podría costar en el futuro ajustes dolorosos cuando ya es tarde.
La Constitución actual, pensada para otro contexto, deja demasiado espacio a la discrecionalidad política y a la improvisación. Es hora de blindarla con mecanismos sólidos que conviertan a nuestra tierra en un ejemplo regional de responsabilidad, previsión y confianza.
Los candados propuestos no son caprichos técnicos; son herramientas concretas de prosperidad compartida. En primer lugar, un límite constitucional estricto a la deuda pública. Establecer que el endeudamiento del Estado no supere un porcentaje prudente del PIB —por ejemplo, el 40%— y que cualquier excedente requiera aprobación cualificada mediante referéndum o mayoría agravada en el Congreso, impediría que futuras generaciones hereden cargas insostenibles.
A nuestra patria no la podemos hacer conocer el alto costo de prometer hoy y pagar mañana con inflación, e impuestos más altos o recortes bruscos. Un candado de deuda obligaría a priorizar el gasto, rendir cuentas reales y pensar en el largo plazo. En segundo término, reglas fiscales estrictas y de aplicación automática. Un tope al déficit estructural del 1,5% del PIB en promedio quinquenal, la obligación de acumular superávit en los años de bonanza y la creación de un fondo soberano de estabilización alimentado por royalties de Itaipú, ingresos de soja, energía y otras rentas extraordinarias.
Estas normas, elevadas a rango constitucional, eliminarían el clásico “gobierno blando” que gasta en exceso cuando hay recursos y recorta servicios esenciales cuando escasean. Países como Chile con su regla estructural, Alemania con su “freno de deuda” o Estonia con su disciplina fiscal han demostrado que reglas constitucionales o cuasi constitucionales generan credibilidad duradera y reducen la volatilidad.
¿Por qué nuestra nación no puede aspirar a lo mismo e incluso superarlos adaptándolos a nuestra realidad?; en tercer lugar, el blindaje de derechos económicos fundamentales. La propiedad privada, la libertad de empresa, la estabilidad jurídica de los contratos, la prohibición de expropiaciones arbitrarias o confiscaciones encubiertas y la independencia real del Banco Central merecen rango constitucional explícito y mecanismos de defensa judicial rápida. Cuando un inversor —extranjero o local— sabe que sus derechos no dependen del humor del gobierno de turno, arriesga capital con confianza.
La inseguridad jurídica actual ahuyenta talento y dinero. Convertir estos principios en candados transformaría nuestra Constitución en un verdadero imán de inversión productiva, especialmente en sectores estratégicos como la agroindustria 4.0, la energía renovable, la logística fluvial y la economía digital. El efecto multiplicador sería poderoso y medible.
Con reglas claras, las tasas de interés soberana bajarían notablemente, porque los mercados percibirían menor riesgo de default o monetización. Las agencias calificadoras mejorarían la nota de nuestra tierra, abaratando el financiamiento tanto para el Estado como para las familias y empresas.
La inversión extranjera directa, que hoy representa una fracción modesta de nuestro potencial, fluiría con fuerza. Empleo de calidad, salarios más altos, mayor formalización laboral y recaudación creciente cerrarían el círculo virtuoso. Estudios de organismos internacionales indican que cada punto de mejora en percepción de riesgo puede elevar el crecimiento potencial entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales anuales.
En nuestra nación, eso significaría miles de millones de dólares adicionales en una década y una reducción real de la pobreza. Algunos argumentarán que estos candados limitan la “soberanía popular” o la capacidad de responder a necesidades sociales urgentes. Es un falso dilema. La verdadera soberanía no consiste en permitir que cada gobierno gaste sin control y deje la cuenta a las generaciones siguientes, sino en entregar a los ciudadanos un país predecible, próspero y con oportunidades reales para todos. Limitar el poder del Estado para endeudarse irresponsablemente es, precisamente, proteger la libertad económica y el bienestar de las familias paraguayas.
Además, los candados incluirían cláusulas de escape razonables y temporales para catástrofes naturales, guerras, pandemias o recesiones profundas, siempre con transparencia total, contralor público y aprobación posterior del Congreso o referéndum. Nuestra patria cuenta con ventajas comparativas únicas: una población joven y dinámica, ubicación estratégica en el corazón de Sudamérica, recursos naturales abundantes y renovables, y una tradición centenaria de trabajo, emprendimiento y resiliencia. Solo falta el marco institucional que libere todo ese potencial. Una enmienda constitucional focalizada en estabilidad fiscal no es un retroceso; es el acto de madurez que nuestra nación necesita.
Imaginemos el Paraguay del 2040 con estos candados operando plenamente: deuda controlada por debajo del 35% del PIB, inflación baja y estable en torno al 3%, inversión sostenida por encima del 25% del PIB y un Estado más eficiente concentrado en salud de calidad, educación transformadora, infraestructura moderna y seguridad, en lugar de subsidios clientelares. Ese país es posible. Requiere coraje político y visión de Estado, pero sobre todo exige que los paraguayos demandemos a nuestros representantes que antepongan el interés común a las conveniencias electorales cortoplacistas.
Esta serie de doce artículos ha analizado los diagnósticos, los ejemplos internacionales y los mecanismos concretos. Hoy, en la entrega final, el mensaje es claro y urgente: los candados constitucionales no encadenan nuestra patria, la liberan. Liberan recursos productivos, liberan confianza inversionista, liberan el talento de nuestra gente y abren un futuro de oportunidades para todos los sectores sociales. Es hora de pasar de la retórica a la acción. Debemos abrir un debate serio, técnico y plural sobre la enmienda.
La ciudadanía —empresarios, gremios, académicos, jóvenes y sociedad civil— tiene un rol protagónico: exigir una comisión multipartidaria y someter el texto final a consulta popular. El premio será un país más próspero, justo, estable y competitivo para las generaciones venideras. Nuestra tierra lo merece. Y nosotros, sus hijos e hijas, tenemos la responsabilidad histórica de construirlo. El momento es ahora.
(*) https://cesaraddario.com/ Economista, analista económico de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.