En esta décima entrega de la serie “Candados constitucionales para la estabilidad fiscal en Paraguay”, hoy tocaremos el tema de la Resistencia Política Esperada y los Intereses Cortoplacistas de Oposición de sectores que se benefician de gasto discrecionales y clientelismo.
En nuestra patria, la consolidación de instituciones sólidas y responsables representa uno de los desafíos más nobles que debemos asumir colectivamente para asegurar un futuro de prosperidad compartida. La incorporación de candados constitucionales que garanticen la estabilidad fiscal se perfila como un paso estratégico y visionario hacia un Estado más predecible y sostenible.
No obstante, es previsible que mi propuesta despierte una resistencia política que, aunque legítima en el marco del debate democrático, refleje intereses de corto plazo arraigados en prácticas que han limitado nuestro desarrollo institucional. Sectores que históricamente se han beneficiado del gasto discrecional y del clientelismo político observarían con preocupación la posibilidad de establecer límites claros al manejo presupuestario.
En nuestra nación, donde el esfuerzo de productores, empresarios y trabajadores ha impulsado un crecimiento económico sostenido, persiste aún la tentación de utilizar la flexibilidad fiscal como herramienta para atender demandas inmediatas, muchas veces vinculadas a la consolidación de apoyos políticos más que a soluciones estructurales duraderas.
Esta oposición esperada no debería sorprendernos. Argumentos que invocan la “rigidez” ante posibles emergencias sanitarias, climáticas o económicas merecen ser escuchados con atención, pero también examinados con rigor intelectual. Los candados constitucionales que propongo no serían mecanismos inflexibles, sino instrumentos equilibrados que incorporarían cláusulas de escape explícitas y sometidas a controles democráticos exigentes.
Estas disposiciones permitirían activar recursos extraordinarios ante catástrofes debidamente declaradas, siempre con aprobación parlamentaria calificada, rendición de cuentas posterior y plazos temporales precisos, preservando así la capacidad de respuesta del Estado sin comprometer la sostenibilidad de largo plazo.
Quien ha estudiado con detenimiento la experiencia histórica comprende que las políticas económicas guiadas por la discrecionalidad política, por más bienintencionadas que parezcan, tienden a generar incentivos perversos como la expansión del gasto en tiempos de bonanza, dificultad para contenerlo en épocas de escasez y, finalmente, el recurso a la inflación o al endeudamiento como válvulas de escape que castigan con mayor severidad a los más humildes.
La verdadera sabiduría económica radica en establecer reglas claras y predecibles que limiten la arbitrariedad, protejan la moneda y obliguen a los gobiernos a priorizar la eficiencia sobre la distribución de favores. En Paraguay, donde la gestión prudente de la deuda pública ha contribuido a mejorar nuestra percepción crediticia internacional, estos candados fortalecerían esa trayectoria y abrirían mayores oportunidades de inversión productiva que generen empleo formal y desarrollo inclusivo.
La resistencia cortoplacista que se anticipa no debería desanimarnos, sino motivarnos a elevar el nivel del debate público. Aquellos que defienden la discrecionalidad como vía para responder a necesidades urgentes deberían considerar que la verdadera parálisis surge cuando la acumulación de compromisos fiscales obliga a ajustes dolorosos y abruptos.
El clientelismo, entendido como la orientación del gasto hacia lealtades políticas más que orientada a resultados medibles en educación, salud o infraestructura, representa un costo de oportunidad que nuestra nación no puede permitirse indefinidamente. En un Paraguay aspiracional, los recursos públicos deberían destinarse prioritariamente a ampliar la cobertura de servicios esenciales de calidad, modernizar nuestra infraestructura productiva.
Políticas sociales genuinas, transparentes y orientadas a resultados no solo serían compatibles con candados fiscales, sino que se verían fortalecidas por ellos, al asegurar su financiamiento sostenible a lo largo del tiempo y evitar que el Estado prometa hoy lo que no podrá cumplir mañana. Superar esta resistencia previsible demandaría un esfuerzo colectivo de pedagogía democrática.
Los medios de comunicación, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil y los líderes políticos tendríamos la responsabilidad de explicar con claridad los alcances, límites y beneficios de estos candados constitucionales. No se trataría de imponer una visión tecnocrática ajena a las realidades sociales, sino de construir consensos amplios alrededor de la idea de que la responsabilidad fiscal constituye una forma superior de solidaridad intergeneracional.
Nuestra joven democracia, que ha avanzado significativamente desde su recuperación, estaría en condiciones de dar este paso sin renunciar a su vocación inclusiva y solidaria. Los sectores que podrían verse afectados en sus intereses particulares deberían reconocer que la prosperidad compartida solo florece en un marco de reglas claras y previsibles que reduzcan el riesgo moral inherente a la acción gubernamental ilimitada. El clientelismo erosiona la confianza ciudadana y alimenta el escepticismo hacia las instituciones; en cambio, una disciplina fiscal institucionalizada ampliaría el espacio para políticas públicas efectivas y duraderas.
En esta visión aspiracional para nuestra patria, los candados constitucionales no serían un fin en sí mismos, sino un medio poderoso para consolidar la grandeza de nuestro país.
La resistencia política por intereses cortoplacistas es esperada, pero perfectamente superable mediante un debate público informado, plural y respetuoso. Dependerá de todos nosotros priorizar el interés colectivo por encima de ventajas particulares y legar a las próximas generaciones un Estado más fuerte, más transparente y verdaderamente al servicio del bien común. Solo así nuestra nación podrá avanzar hacia un futuro donde el crecimiento económico vaya de la mano de la equidad social, la estabilidad macroeconómica y la confianza institucional. El camino está trazado; ahora corresponde transitarlo con altura de miras, visión de Estado y el patriotismo que siempre ha caracterizado a nosotros los paraguayos en los momentos definitorios de nuestra historia.
(*) https://cesaraddario.com/ Economista, analista económico de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.