Antes de tomar partido, conviene mirar los datos. Y los datos dicen algo incómodo para los dos bandos.
Empecemos por una sorpresa. El salario mínimo, ese que se ajusta por IPC y que muchos dan por degradado, en realidad mantuvo su valor real. Entre el 2017 y el 2025, medido en guaraníes constantes, el mínimo subió 0,6%. ¿Y el ingreso promedio de todos los que trabajan en Paraguay? Cayó 1,9%. Léase de nuevo: el piso le ganó al promedio. El estancamiento salarial en Paraguay es real, pero no es culpa de la fórmula del mínimo. Es de toda la estructura de ingresos, que viene perdiendo la carrera contra los precios.
Entonces, ¿el reclamo de los trabajadores es puro humo? Para nada. Acá aparece la trampa. El IPC mide la canasta del hogar promedio, con sus 450 productos. Pero la familia que vive de un salario mínimo no consume como el promedio: gasta la mayor parte en comer. Y los alimentos subieron 60% desde fines del 2017, contra 42% del índice general. Casi 18 puntos de diferencia. El trabajador del mínimo no enfrenta la inflación del IPC; enfrenta una inflación mucho más parecida a la de la heladera. Cuando dice que perdió poder de compra, no se equivoca. Está mirando otro índice: el suyo.
¿La solución es entonces el 20% de un saque? Acá viene el dato que da vuelta el tablero y que casi nadie pone sobre la mesa: el salario mínimo, por ley, alcanza a poco más de 4 de cada 10 trabajadores. El resto (cuentapropistas, domésticas, informales) queda afuera. La formalidad no agropecuaria ronda el 40%, y entre los empleados privados, que son el corazón del mínimo, apenas llega al 43%.
¿Qué significa eso en la práctica? Que un salto grande y de golpe encarece el trabajo formal justo donde la formalidad es más frágil: el comercio, los hoteles, los restaurantes. Los mismos rubros que, dicho sea de paso, perdieron 5% de ingreso real en estos años. El riesgo no es de manual: subir mucho y rápido puede empujar a más empleadores a la informalidad y achicar, sin querer, el grupo que se quería proteger. Y para los 6 de cada 10 que ya están afuera, el aumento ni siquiera es obligatorio. Les llega, si les llega, como referencia.
Mientras discutimos porcentajes, hay realidades que duelen. Una trabajadora doméstica gana en promedio 1,7 millones. El salario mínimo es de 2,85 millones. La norma existe, pero para ella es casi una ficción.
¿Dónde nos deja todo esto? En un lugar más matizado que el “20% sí” o el “IPC y punto”.
El IPC no es el villano. El villano es usar el IPC equivocado. Lo razonable sería que el INE publique un índice de precios para los hogares de menores ingresos –uno donde los alimentos pesen lo que de verdad pesan en esa mesa– y ajustar el mínimo con eso, más una porción de la productividad de la economía, para que el trabajador también participe del crecimiento. Todo gradual, suavizado, sin saltos que asusten a quien contrata. Una regla así es más justa para el trabajador y, a la vez, más previsible para el empresario. No es magia: es ordenar la discusión con el termómetro correcto.
Pero hay una verdad de fondo que el debate de la Conasam no puede cargar solo. El salario mínimo es una buena herramienta para el trabajador formal. Es casi muda para el 60% que está afuera. A esa mayoría no la salva un decreto: la salva el control de la inflación de alimentos y, sobre todo, la formalización. Pedirle al salario mínimo que repare el poder de compra de todo el país es pedirle peras al olmo.
Que se ajuste, sí. Que se recupere algo de lo perdido en la mesa de los que menos tienen, también. Pero hagámoslo con una fórmula que mire la canasta real y que no se lleve puesto el empleo formal en el camino. Lo demás es elegir un número lindo para el titular y dejar el problema de fondo para el año que viene.
Por lo menos, así lo veo yo.
(*) Economista y director de DCR Consultora. Profesor universitario.