La expulsión de la entonces senadora en febrero de 2024 dividió al país entre quienes la interpretaron como una sanción legítima y quienes la consideraron un atropello institucional. Dos años después, la controversia sigue abierta porque la pregunta central nunca fue respondida de manera definitiva: ¿puede una mayoría circunstancial remover a un legislador sin cumplir estrictamente los procedimientos establecidos?
La Corte Suprema de Justicia tiene ahora la responsabilidad de responder esa pregunta. Y, en teoría, su decisión debería cerrar el debate jurídico. En una democracia constitucional, la Corte es el árbitro final de la interpretación de las reglas. Sin embargo, Paraguay ha demostrado en numerosas ocasiones que los conflictos institucionales no terminan cuando habla la Justicia. Muchas veces recién comienzan.
Por eso la cuestión ya no es únicamente qué decidirá la Corte, sino qué harán los actores políticos con esa decisión.
En ese escenario aparece una figura clave: Basilio “Bachi” Núñez. Presidente del Congreso, dirigente de fuerte peso dentro del oficialismo y uno de los principales protagonistas del proceso que terminó con la salida de Kattya González. Su discurso en los últimos meses resulta particularmente interesante porque intenta construir una posición que combina poder y legitimidad. No se limita a defender una mayoría parlamentaria; busca presentar al oficialismo como respetuoso de las instituciones, incluso ante una eventual resolución adversa.
Esa construcción no está dirigida únicamente a la militancia. Está pensada para sectores moderados, independientes y ciudadanos que valoran la estabilidad institucional por encima de las disputas partidarias. En términos comunicacionales, es una estrategia inteligente: disputar no solo el poder, sino también la autoridad moral.
Pero existe otro nivel de análisis que rara vez aparece en el debate público.
Desde la perspectiva de la realpolitik, el oficialismo enfrenta un dilema peculiar. Kattya González mantiene reconocimiento público, identidad política y una base electoral consolidada. Sin embargo, desde que dejó el Senado perdió algo que ningún dirigente puede reemplazar fácilmente: una plataforma institucional permanente para instalar agenda.
La banca multiplica visibilidad, amplifica denuncias y convierte cualquier intervención en noticia. Fuera del Congreso, una figura política conserva influencia; dentro del Congreso, recupera poder.
Por eso la discusión actual contiene una paradoja. Si la Corte falla a favor de Kattya, el oficialismo podría exhibir respeto institucional acatando la decisión. Pero al mismo tiempo estaría devolviendo protagonismo político a una dirigente que se ha convertido en uno de sus símbolos de oposición más reconocibles.
Al final, el caso Kattya no habla solamente de una senadora. Habla de cómo una democracia administra sus conflictos. Habla de la relación entre mayorías y minorías, entre legalidad y legitimidad, entre poder e instituciones.
Y, sobre todo, habla de algo que suele aparecer en los momentos decisivos de la vida republicana: la diferencia entre tener fuerza para imponer una decisión y tener autoridad para que esa decisión sea aceptada como justa.